según este principio, el funcionamiento del Estado de derecho depende en gran parte del accionar de los funcionarios del Estado, ellos son los responsables de actuar bajo la legalidad constitucional y la transparencia de sus actos, por lo que, este principio tiene directa relación con la sanción a los actos contrarios relacionados con la “corrupción”.
A partir de lo anterior, investiga casos (a lo menos 3) que estén relacionados con el “cohecho” y el “soborno” en el actuar parlamentario o de funcionarios públicos y explica cómo se aplican las sanciones o si estos casos han quedado sin sanciones reales.
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