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a designación de Alfredo Castillo como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán constituye técnicamente la desaparición de uno de los poderes públicos: el Ejecutivo, por la incapacidad de su titular, Fausto Vallejo, para ejercerlo cabalmente. El trasplante de hígado a que fue sometido el año pasado, en Estados Unidos, ya lo había apartado del gobierno varios meses. Su deterioro físico y político le impide cumplir las responsabilidades del cargo en una entidad donde el caos y la violencia imperan.
Es el primer mensaje —tardío— del presidente Peña a los gobernadores de su partido bajo el criterio salinista de “cambiar lo que no funciona”. Bajo esa lógica, Carlos Salinas destituyó a Patrocinio González de la Secretaría de Gobernación tras el levantamiento del EZLN. Antes de despachar en Bucareli, González había sido gobernador de Chiapas. El barrido en Michoacán debe continuar en las secretarías que han puesto al presidente en evidencia por generar problemas en lugar de resolverlos. Gobernación no es la única.
El movimiento en Michoacán se ajusta al guión peñista de centralizarlo todo. Excepto en Hacienda y en las carteras asignadas al grupo Atlacomulco, mandan los segundos —cien por cien leales a Peña— no los secretarios. Así, el presidente tiene ojos y oídos en todo el gabinete. Forma aldeana de vigilancia y control que, por otra parte, disminuye el rendimiento el gobierno. Castillo es uno de los hombres de confianza del presidente Peña, experto en casos difíciles: Paulette, la niña asesinada e inexplicablemente desaparecida varios días; el incendio en la de Torre de Pemex, cuyas causas reales aún se ignoran; y Elba Ester Gordillo, procesada por razones sobradamente explicables.
Castillo empezó el sexenio como segundo del procurador Jesús Murillo Karam, a quien, por supuesto, rebasó con el consentimiento de su verdadero jefe: el presidente. Cuando a otro mexiquense distinguido, Humberto Benítez Treviño, lo sepultó el escándalo de su hija Andrea, por la clausura arbitraria de un restaurante en la Ciudad de México, Castillo fue su relevo. Ahora lo es, en términos prácticos, del disminuido gobernador de Michoacán, en otro golpe centralista.
Sin embargo, el hecho de que Castillo sea uno de los consentidos del presidente no es garantía de éxito. Menos en un estado con las características del antiguo Señorío Purépecha, donde el cura José María Morelos —precedente histórico de Peña Nieto, según el secretario de Gobernación, Miguel Osorio— luchó desde Tierra Caliente por la Independencia de México y donde López Rayón fijó el Primer Congreso Nacional Gubernativo. Michoacán daría después al general Lázaro Cárdenas, el expropiador del petróleo, cuyo espíritu ronda de nuevo por la reforma para revertir su decreto del 18 de marzo de 1938.
Lo positivo es no haber caído en la tentación de nombrar a un militar para cubrir el vacío de gobierno en Michoacán. Lo negativo, que la decisión haya sido tardía —forzada más por el deterioro del país en el extranjero que por la crisis interna— y que el presidente la asumiera y no el Congreso, dentro de sus facultades. La primera tarea de Castillo consiste en conocer el estado. Podrá tener línea directa a Los Pinos y recibir el apoyo que a Vallejo se le regateó, pero la historia de Michoacán es anticentralista. Y desde el centro, de nuevo, tratan de imponerle soluciones que solo corresponden a los michoacanos.
Explicación:
Hola que tengas buen dia
