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Los cambios políticos de 1986 tuvieron repercusiones de trascendencia en la estructura económica y social. La reivindicación para el patrimonio nacional de los principales bienes productivos y el despertar de la conciencia social impusieron al nuevo Gobierno las funciones de administrar las empresas y buscar la justicia social esperada. La reincorporación de la ciudadanía a la vida política, el pujante surgimiento del movimiento obrero, la práctica libre del derecho de reunión y la formación de los partidos políticos que tuvieron lugar durante los primeros años de la década, se vieron acompañados por numerosos y complejos problemas que requerían solución con recursos e instrumentos limitados y por el comportamiento desfavorable del sector externo, y se combinaron para propiciar la agitación y finalmente el desencadenamiento de la contienda bélica. Sin embargo, el espíritu de progreso y la voluntad de moldear un futuro de estabilidad y crecimiento se mantuvo latente en la población, culminando con la instalación del Gobierno constitucional en 1966 y abriéndose una etapa de transición y ordenamiento con objetivos definidos. La iniciación de una política de austeridad ajustada a las realidades, la reorganización de las empresas del Estado, la revitalización de la economía de mercado, el estímulo a la iniciativa privada y la promoción de la inversión tuvieron como resultado una reacción de la economía y un ordenamiento institucional que situaron al país ante el inicio de una nueva fase de su proceso de desarrollo en 1968.