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El 2019, un año muy violento para los derechos humanos en Colombia
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia presentó su informe anual sobre el
estatus de estas garantías fundamentales en el país en el que documentó continuas violaciones entre las que se encuentran
masacres récord en los últimos cinco años y decenas de asesinatos a líderes sociales.
La tasa nacional de homicidios en 2019 fue de 25 por cada 100.000 habitantes, lo que indica la existencia de un nivel de
violencia endémica.
La Oficina liderada a nivel mundial por Michelle Bachelet, dijo que considera de particular preocupación las agresiones a las
personas defensoras de derechos humanos, a los pueblos indígenas y el incremento en los casos de privaciones arbitrarias
de la vida, así como violaciones cometidas contra niños en el contexto de la violencia y el conflicto armado.
No hay suficiente protección del Estado
Además, respecto a las protestas sociales ocurridas el año pasado, la mayoría pacíficas para manifestar a determinadas
políticas del Gobierno, la Oficina notó con preocupación que, en algunos casos, la policía respondió de manera
desproporcionada a incidentes aislados de violencia.
Defender los derechos humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo en Colombia, asegura el informe.
Los asesinatos contra defensoras de derechos humanos se incrementaron en cerca del 50% en 2019 comparado con 2018.
Además, en 2019, la Fundación para la Libertad de Prensa registró 113 amenazas y 360 agresiones contra periodistas. El
ACNUDH documentó dos asesinatos de periodistas en Arauca, así como agresiones en Cesar, Magdalena y Bogotá.
La Oficina ve con agrado el reconocimiento del Presidente Duque sobre la legitimidad e importancia de las personas
defensoras de derechos humanos, sin embargo, personas defensoras que participan en procesos judiciales que involucran a
altos funcionarios del Estado y miembros de las fuerzas militares, continuaron siendo víctimas de hostigamientos.
En septiembre, se documentó “un caso en Bogotá en el que un defensor que participaba en procesos judiciales relacionados
con presuntas privaciones arbitrarias de la vida fue amenazado y luego sufrió un robo de información sensible relacionada
con esos procesos” …
La Oficina resaltó la necesidad de incrementar la implementación de las medidas de protección colectivas para atender los
riesgos que enfrentan las comunidades y las organizaciones, a través de la coordinación de las distintas autoridades para
avanzar en la garantía de los derechos humanos.
“La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos valora los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación para
investigar los casos que ha reportado. En este sentido, se observaron algunos avances en el 55% de los casos ocurridos entre
2016 y 2019. Sin embargo, subsistieron retos para la judicialización de los autores intelectuales de las agresiones contra las
personas defensoras de derechos humanos”.
Los asesinatos contra defensoras de derechos humanos se incrementaron en cerca del 50% en 2019 comparado con 2018.
Según el informe, la falta de acceso a la justicia continúa siendo un desafío que perpetúa ciclos de impunidad y violencia.
La Oficina también denunció que la excesiva carga laboral de los fiscales también afecta el avance de las investigaciones y
el insuficiente número de policía judicial y la tardía respuesta del apoyo pericial exacerbó esta situación.
Además, observó “la no aplicación, por parte de algunas autoridades en Antioquia, Arauca, Guaviare y Nariño, de los
protocolos de la Fiscalía General de la Nación relacionados con presuntos casos de desaparición forzada, en particular
respecto a la inmediata activación del mecanismo de búsqueda urgente”, afirma el reporte.
Uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales
El informe denuncia que, durante las protestas sociales en el 2019, algunos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios
(ESMAD) no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza. Previamente, ya
la Oficina de Michelle Bachelet en Colombia había explícitamente expresado su preocupación con respecto a los
procedimientos de intervención del Escuadrón.
En el documento se menciona una presunta privación arbitraria de la vida de un estudiante de 18 años en Bogotá, cometida
por un agente del ESMAD armado con un rifle de calibre 12, cargado con munición del tipo beanbag. Algunos manifestantes
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Los derechos humanos no existen
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