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La pandemia de COVID-19 afectó a Paraguay cuando el país se encontraba en un proceso de recuperación económica después de que el crecimiento se estancara en 2019. Es probable que la recesión mundial conduzca a una disminución del PIB del 1,2 por ciento en 2020. A partir del 2021, se espera que el crecimiento vuelva al 4 por ciento, a medida que la economía mundial se recupera. Esto está sujeto al riesgo a la baja de una normalización más lenta de lo esperada de los mercados mundiales. A su vez, se espera que la pobreza aumente en 2020, y la desigualdad de ingresos se mantenga alta.
El brote de COVID-19 golpea la economía de Paraguay en un momento de recuperación económica después de que el crecimiento se estancara en 2019. La economía estuvo en recesión durante el primer semestre de 2019 (-3 por ciento interanual) debido al débil desempeño de los principales socios comerciales, especialmente Argentina, y a las condiciones climáticas adversas, pero comenzó a recuperarse en el segundo semestre (+3 por ciento interanual) ya que la producción agrícola se recuperó de la mano de un clima favorable. Del mismo modo, en el mercado laboral, después de que la tasa combinada de desempleo y subempleo alcanzara el 14.5 por ciento en el primer semestre de 2019, retrocedió al 12.9 por ciento en el segundo semestre del año.
Con una economía más débil y una inflación cercana a la banda inferior del rango objetivo (4 +/- 2 por ciento), el Banco Central del Paraguay (BCP) se movió a una posición más acomodaticia, consistente con el objetivo de inflación. Durante 2019, el BCP redujo la tasa de política en 125 bps acumulativos al 4 por ciento. En febrero de 2020, la tasa de inflación fue de 2,4 por ciento interanual. El régimen cambiario flexible continuó amortiguando los shocks externos. Mientras tanto, las reservas de divisas se mantuvieron en niveles prudentes, recuperándose después de una disminución inicial al inicio de la crisis argentina en 2018.
Dada la recesión del primer semestre de 2019, las autoridades invocaron la cláusula de escape de la regla fiscal, que limita el déficit presupuestario (la Ley de Responsabilidad Fiscal, LRF, permite un aumento del techo del déficit del 1.5 por ciento del PIB hasta el 3 por ciento del PIB en tiempos de crisis). Por lo tanto, el presupuesto del gobierno central se ejecutó con un déficit del 2.9 por ciento del PIB en 2019. Mientras que el gasto corriente creció en 8,2 por ciento, el gasto de capital aumentó en 28,9 por ciento, aunque desde una base baja. El Parlamento aprobó la Ley de Presupuesto 2020 con un déficit del 1,5 por ciento del PIB, consistente con la LRF.
Con la desaceleración económica, la reducción de la pobreza continuó, pero a un ritmo más lento: la tasa de pobreza disminuyó del 24.2 por ciento en 2018 al 23.5 por ciento en 2019. Sigue habiendo 1,6 millones de personas por debajo del umbral oficial de pobreza. La reducción de la pobreza casi se estacionó en áreas urbanas (17.8 por ciento en 2018 en comparación con 17.5 por ciento en 2019) debido a una disminución de los ingresos laborales del comercio y la manufactura. La pobreza rural disminuyó de 34,6 por ciento en 2018 a 33,4 por ciento, a pesar de los ingresos laborales estables en la agricultura, que concentra casi la mitad (0,6 millones) de los trabajadores rurales, en su mayoría informales. Si bien se registró una mejora en la desigualdad de ingresos, el índice de Gini de 46.1 sigue siendo alto.
En este contexto y con un brote de dengue en curso, las autoridades reaccionaron rápidamente al brote del COVID-19 en marzo de 2020 para mitigar el impacto en la economía y las personas. El Gobierno implementó medidas de distanciamiento social y controles de movimiento de la población. El BCP redujo la tasa de interés de política en 175 pb a 2.25 por ciento, y relajó temporalmente las reglas de provisión para no penalizar las reestructuraciones y prolongaciones de crédito. Un paquete fiscal contra la crisis aprobado por el Parlamento incluye gastos adicionales en programas de salud y protección social, un subsidio para trabajadores informales, apoyo a pequeñas empresas, reasignación de líneas de gasto no prioritarias y una moratoria en multas por pagos de impuestos retrasados. Para financiarlo, el Gobierno recibió autorización para un aumento del límite de endeudamiento de US$1.6 mil millones y para la suspensión del la LRF por hasta cuatro años.
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