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ESPERO QUE TE SIRVA
Explicación:
La última dictadura argentina (1976-1983) asumió el poder a través de un golpe de estado con significativos niveles de consenso social y político, resultante de las condiciones previas de deslegitimación del gobierno peronista que le precedió, de un proceso sostenido de destrucción del Estado de derecho y violencia estatal creciente y de una crisis grave política y económica. Como es sabido, una de las grandes consecuencias de esa dictadura fue la imposición de un proceso represivo, que no era nuevo pero que alcanzó características extremas y radicalmente novedosas con el sistema de desaparición forzada de personas y el robo y sustracción de la identidad de niños y bebés. Desde luego esta forma represiva fue parte de un proceso de disciplinamiento social más vasto que afectó no sólo a los sectores políticos más radicalizados sino a la sociedad en su conjunto y que tuvo como objetivo “refundar” las bases del funcionamiento social, político y económico de la Argentina.
El carácter brutal de la represión y las características particulares de la desaparición hicieron que las denuncias por las violaciones a los derechos humanos se iniciaran tempranamente, en particular en el exterior. Dentro del país y dadas las condiciones imperantes, las acciones de los organismos de derechos humanos comenzaron a alcanzar mayor visibilidad y escucha en los últimos años del régimen. Así, el último tramo del gobierno dictatorial estuvo signado por la emergencia del “problema de los desaparecidos” en el espacio público, demanda que se aceleró notablemente hacia finales de 1982. El otro elemento central que caracterizó esos años fue el proceso de deterioro político del gobierno militar ya incapaz de obtener mínimos consensos entre la población y los sectores civiles dominantes. En efecto, el deterioro precipitado de la situación económica y social, el estallido de los casos de corrupción (los llamados “ilícitos”), la derrota escandalosa en la guerra de Malvinas y el “problema de los desaparecidos” aparecen como los datos fundamentales de una crítica generalizada al régimen militar y el consiguiente reclamo de regreso al orden constitucional.
En el marco de ese proceso, como se ha dicho, un dato notable fue la creciente exigencia pública de soluciones para el tema de los desaparecidos y, de manera más amplia, para el problema de la represión y sus “secuelas”. Habitualmente ello ha sido leído como parte del “descubrimiento de los derechos humanos”1 que habría signado el espacio público en los meses siguientes a la derrota en la guerra de Malvinas, desde junio de 1982, cuando los reclamos de los organismos de derechos humanos comenzaron a hacerse visibles y encontraron distintos niveles de receptividad social.
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Resumen: El golpe de estado militar que derrocó al Presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009 y
los ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos que
ocurrieron con posterioridad al golpe representan los retrocesos más graves para los
derechos humanos y el estado de derecho en Honduras desde el momento de máxima
violencia política en el país en la década de 1980.
Luego del golpe de estado, las fuerzas de seguridad cometieron graves violaciones de
derechos humanos, como el rutinario uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, el
asesinato de algunos de ellos y la detención arbitraria de miles de personas que se
opusieron al golpe. El gobierno de facto que se instaló después del golpe también dictó una
serie de decretos que impusieron restricciones irrazonables e ilegítimas a los derechos de
libertad de expresión y de reunión.
Desde que Porfirio Lobo asumió la presidencia en enero de 2010, se produjeron nuevos
actos de violencia e intimidación contra periodistas, defensores de derechos humanos y
activistas políticos. Este informe documenta 47 de estos casos, incluidos 18 asesinatos. Si
bien es posible que algunos de estos ataques sean el resultado de delitos comunes, existen
indicios —como amenazas explícitas— que sugieren que responden a motivaciones políticas.
Hasta ahora, la regla ha sido la impunidad de estos abusos. Ninguna persona ha sido
condenada penalmente por las violaciones de derechos humanos perpetradas en 2009
durante el gobierno de facto. A su vez, la información disponible indica que los avances en
la investigación de las agresiones y amenazas ocurridas este año fueron mínimos o nulos.
Esta falta de rendición de cuentas, sumada a la violencia y las amenazas que continúan,
han logrado inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y participación política en
Honduras, especialmente entre quienes se opusieron al golpe de estado de 2009. Hasta
que las autoridades hondureñas no tomen medidas concretas para reducir la impunidad y
poner freno a los ataques que continúan, el país difícilmente podrá restablecer la confianza
en su sistema democrático.
Explicación:
Espero haberte ayudado, suerte en tu tarea UvU