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Si queremos ir más allá de la proclamación de piadosos principios de reconocimiento y de tolerancia entre lenguas, la invención de una política lingüística inteligente, fiel a estos mismos principios, supone como primera condición, un adecuado conocimiento de la realidad social y cultural sobre la cual se pretende intervenir. Supone también confrontar este conocimiento con el que nace de la observación de situaciones sociolingüísticas muy diferentes. Esta confrontación tiene efectivamente una función heurística importante pues a la vez que amplia el universo de referencia inicial, permite poner a prueba la validez de las soluciones propuestas y ayuda a discutir la pertinencia del marco conceptual dentro del cual se trabaja
2El examen de la situación de las lenguas indígenas de América y más concretamente de Colombia nos puede servir para este propósito, precisamente por las grandes diferencias que encontramos comparándola por ejemplo con la situación de las lenguas de Europa. Para ilustrar una de estas diferencias, tal vez la más importante, está claro que el conflicto lingüístico en las sociedades indígenas americanas involucra contrastes culturales mucho más marcados que los que se pueden encontrar en Europa occidental y obliga por lo tanto a integrar a la reflexión teórica sobre política lingüística un componente antropológico poco atendido en esta misma Europa. En ella es común asumir el problema de las lenguas minorizadas como un problema técnico-político: dotar estas lenguas de las capacidades expresivas y significativas adquiridas por las lenguas dominantes y fomentar, dentro de un marco politico-administrativo más favorable, el uso de estas capacidades, esencialmente en el sistema escolar y los medios de comunicación moderna. La política lingüística es entonces concebida como «normalización» en el sentido de la sociolingüística catalana1.
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