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(Crítica de la Argentina 24.03.10). A 34 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar, y en pleno proceso de enjuiciamiento a los perpetradores del horror, queda aún pendiente posar la mirada sobre quienes fueron los beneficiarios. Las declaraciones del ex jefe de Inteligencia de la ESMA Jorge Acosta, en las que explicó que “el gran problema fue dejar gente viva”, fueron sin dudas irritantes pero a la vez caricaturescas. Muestran una y otra vez la naturaleza de un grupo de militares entrenados para matar, aleccionados en la doctrina de la Seguridad Nacional en la Escuela de las Américas, o en la Escuela Superior de Guerra de Francia, cuna de la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria. Fueron educados en una época que redefinió el rol de los ejércitos latinoamericanos en función de hipótesis de enemigos internos considerados subversivos o comunistas, en base a los intereses y presiones de Estados Unidos durante la guerra fría, quien les proveyó armamentos para tales fines al tiempo que bloqueó todo desarrollo para guerras convencionales.
Si bien es cierto que el proceso de enjuiciamiento a los militares tiene enormes falencias, por otro lado es indiscutible que la Argentina es, por lejos, el país que más ha avanzado en investigar y hacer justicia en el contexto latinoamericano. Pero sólo en el discurso de estos vetustos genocidas puede tener sentido entender el golpe de 1976 motivado por la lucha anticomunista. Esta vía discursiva esconde la actuación civil de aquella época y el hecho de que aquellos sucesos arrojaron claros beneficiarios, que no están aún en la picota.
La cacería. Para marzo de 1976 las agrupaciones armadas ya estaban derrotadas o en franca retirada. Los principales sindicatos independientes y los liderazgos disidentes fueron eliminados: René Salamanca, del SMATA; Agustín Tosco, de Luz y Fuerza; Raimundo Ongaro, del sindicato gráfico, y Julio Guillán, máximo dirigente de los telefónicos, se encontraban en retroceso. Quienes no tenían ya intervenidas sus organizaciones muy pronto pasarían por esa experiencia. Las huelgas masivas de la dirigencia de la CGT constituyeron acciones defensivas para cuidar el salario frente a la descontrolada inflación. El gobierno de Isabel Perón pudo haber sido calificado de muchas maneras, pero sin duda no fue un refugio de comunistas.
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