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La promulgación de legislación para abordar la violencia contra la mujer es un primer paso en la lucha contra esta violencia. Sin embargo, para poner fin a la violencia contra la mujer, es también de fundamental importancia prescribir la aplicación de estas leyes y elaborar estrategias que faciliten dicha aplicación. Las personas e instituciones a las que se asigne el cometido de aplicar la legislación relativa a la violencia contra la mujer, como la policía, el ministerio público, los jueces, las profesiones de ayuda y los dirigentes comunitarios, deben conocer a fondo esa legislación y deben poder aplicarla de manera adecuada y teniendo en cuenta la perspectiva de género. Además, es importante que la sociedad en su conjunto conozca la violencia contra la mujer y se conciencie sobre ella. Las leyes y estrategias deben consignar las responsabilidades de las personas y organizaciones tanto del sector público como del privado en los ámbitos local, nacional e internacional. El modelo ideal para poner fin a la violencia contra la mujer es una comunidad en la que todos los sectores, organismos y grupos de la sociedad civil se unen para desarrollar el compromiso de apoyar a las víctimas y exigir responsabilidades a los agresores. Reflejar este compromiso en planes de acción, campañas, acuerdos interinstitucionales, planes locales y regionales, etc., es el mejor modo de garantizar la aplicación eficaz de las leyes relativas a la violencia contra la mujer. Esta planificación y comunicación conjunta recibe el nombre de “respuesta comunitaria coordinada”.