Respuestas
La Ley Orgánica de las Regiones recientemente aprobada por el Congreso no respeta la dignidad y soberanía de las autoridades regionales que serán elegidas dentro de 4 días y ha cercenado la participación de la ciudadanía. Algunos sostienen que esas deficiencias serán superadas con nuevas leyes. Nadie duda que toda ley es perfectible y que una ley cambia a otra, pero con estos argumentos se pretende llevar el debate al plano procesal, cuando los temas son políticos y de fondo. Además, por qué sacar una mala ley si sabemos dónde están los problemas. Para que no exista una adecuada valoración del nacimiento y disolución de los gobiernos regionales a fines de los 80. ¿Olvidaron que el fujimorismo disolvió el Congreso y los gobiernos regionales para poder afirmar su dictadura? ¿No valoran el actual grado de desarrollo de la conciencia ciudadana en las regiones, ni su decisiva participación y la de la sociedad civil en la lucha por reconquistar la democracia? Ya en 1994, en la Primera Cumbre de las Américas (en Miami), los Jefes de Estado se pronunciaron sobre la importancia de hacer partícipes a los ciudadanos, los académicos, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil en los asuntos públicos. "Reconocieron que la participación pública es crucial para el éxito de cualquier democracia bajo un marco responsable y transparente". No se trata pues de iniciativas de ërabanitosí, ni de ëmelonesí, como afirmó despectivamente el congresista Jorge del Castillo, secretario general del Apra en el Pleno del Congreso. Perú Posible, el FIM y Unidad Nacional han asumido frente a las regiones una actitud paternalista y centralista que permitiría postergar la transferencia real de competencias por casi 4 años, cuando la obligación del gobierno central es capacitar, transferir recursos humanos y materiales, así como proyectos de inversión y empresas públicas de base regional a los gobiernos regionales. Solo así podrán asumir las funciones encargadas por el soberano voto popular. La soberanía del voto popular no puede ser sometida a cernidores de "acreditaciones". Someter a una autoridad democráticamente elegida a una acreditación previa para otorgarle funciones atenta contra un principio básico de la soberanía popular. La verdadera motivación de PP y el FIM para postergar la entrega de recursos a los gobiernos regionales no parece ser un exceso de celo en el manejo de los asuntos públicos, sino su inminente fracaso electoral este 17 de noviembre y el afán de quedarse con el mango de la sartén hasta el 2006, evitando transferir poder y recursos a las autoridades regionales legítimamente electas. El Apra y el PPC (no todos en UN apoyaron su posición) se oponen a la participación de la sociedad civil en la concertación de Plan de Desarrollo, del Presupuesto Regional y en la rendición de cuentas de las autoridades. Con ello se ha violado la Constitución que manda expresamente la existencia de un Consejo de Coordinación Regional, lo que sí fue recogido en la Ley de Bases de la Descentralización. Cabe anotar que los congresistas fujimontesinistas votaron con el Apra y UN. Las sociedades regionales, los frentes regionales y las nuevas autoridades a ser elegidas el próximo domingo tienen ante sí un reto que las obliga a coordinar acciones, a fin de abrir paso a una auténtica regionalización frente a maniobras manipulatorias. A la cabeza de sus pueblos y unidas harán retroceder al centralismo.
Respuesta:
soberanía
1.
Autoridad en la que reside el poder político.
2.república
Forma de gobierno en la que el cargo de jefe del Estado está en manos de un presidente temporal que se elige por votación, bien a través de unas elecciones, bien por una asamblea de dirigentes.
3.La participación ciudadana es la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo