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Desde que los votantes británicos apoyaran por un estrecho margen de cuatro puntos la salida del Reino Unido de la Unión Europea el pasado 23 de junio, nos hemos estado moviendo en la incertidumbre. Nadie sabía realmente qué significaba el voto favorable al Brexit y, a pesar de la rápida dimisión del primer ministro David Cameron y de la insistencia por parte de su sucesora Theresa May de que “Brexit means Brexit” (Brexit significa Brexit), sólo ahora empezamos a saber qué es lo que se avecina.
La nueva líder del Partido Conservador británico ha anunciado que el proceso de desconexión (que se llevará adelante tras la activación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea y que durará un máximo de dos años), comenzará en la primavera de 2017, así como que va a optar por un Brexit duro.
Si la prioridad británica es controlar la inmigración, que es lo que parece interpretar May del resultado del referéndum, entonces un divorcio suave con la UE no será viable. Los 27, que ya han tenido dos cumbres sin británicos en Bruselas y en Bratislava, han dejado claro que si Reino Unido quiere seguir en el mercado interior debe respetar sus cuatro libertades (de bienes, servicios, capitales y personas). Esto significa que restringir la inmigración –algo a lo que May no parece querer renunciar– equivaldría a perder acceso al mercado europeo, tanto para sus exportaciones como para sus bancos, que ya no podrán utilizar la City de Londres como plataforma para vender sus servicios en otros países de la UE.
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