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El contexto político, económico y social de España, así como su organización territorial, determinan la configuración de su sistema educativo.
España es un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Su forma política es la monarquía parlamentaria, el Rey ostenta la Jefatura del Estado y existe separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
España firmó el Tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea, en junio de 1985, y entró en vigor el 1 de enero de 1986.
La Constitución de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, y en su artículo 27 recoge el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza.
La organización territorial del Estado se caracteriza por la descentralización, con el derecho de autonomía reconocido por la Constitución a las comunidades autónomas, provincias y municipios. El Estado es garante del principio de solidaridad y del equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atiende a las circunstancias del hecho insular.
La descentralización del Estado ha dado lugar a una importante transformación en su organización territorial, lo que en materia de educación implica:
el reparto de las competencias educativas entre la Administración General del Estado (Ministerio de Educación) y las comunidades autónomas (Consejerías o Departamentos de Educación). El proceso de trasferencia del Estado a las comunidades autónomas finalizó en el año 2000
las administraciones educativas delegan en los municipios el ejercicio de funciones en aspectos que afectan directamente a los intereses de éstos, y que gestionan a través de las concejalías o los institutos municipales de educación.
La situación demográfica de España se caracteriza por el envejecimiento de la población. El desempleo, otro de sus principales problemas sociales, afecta especialmente a los más jóvenes y a los mayores de 45 años, e influye en la pérdida de población. En cuanto a los movimientos migratorios, pasó de ser un país receptor de inmigración a tener un saldo migratorio negativo.
Los cambios demográficos en la pirámide de población, en los movimientos migratorios y en el mercado laboral han afectado de diversas formas a la composición del alumnado. El sistema educativo se enfrenta a retos como la reducción del abandono temprano de la educación y la formación, el aumento de la tasa de escolarización a partir de los 16 años y de su nivel educativo, puesto que a partir de esta edad la escolarización ya no es obligatoria.
España es un país plurilingüe donde, además del castellano como lengua oficial, existen en algunas comunidades autónomas otras lenguas con carácter cooficial: el catalán, el occitano (aranés), el valenciano, el gallego y el euskera.
El castellano es la lengua vehicular y de aprendizaje en todo el territorio español, y las lenguas cooficiales lo son también en dichas comunidades autónomas y en otros territorios donde tradicionalmente se hablan. Por este motivo, existen diferentes modelos lingüísticos que organizan la enseñanza de las lenguas oficiales según el predominio lingüístico en cada una de las comunidades autónomas.