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Las escuelas privadas con fines de lucro son una alternativa muy usada por los estudiantes que no pueden ingresar al colegio o la universidad pública. Creemos que estas instituciones deben estar mucho mejor reguladas en California.
Con ese fin, en el 2009 se creó el Buró de Educación Privada Post-Secundaria, dependiente del Departamento de Asuntos del Consumidor estatal, estableciendo como su “prioridad más alta” la protección a los estudiantes como consumidores. Su misión es autorizar la operación en el estado de las escuelas privadas y hacer cumplir la ley investigando quejas y realizando inspecciones anuales.
La función supervisora es muy importante en esta área de la educación. Los graduados son muchos menos en las escuelas con fines de lucro (22%) , comparado con las universidades públicas (55%) y en las privadas no lucrativas (65%). Al mismo tiempo, los colegios con fines de lucro reciben más dólares en préstamos estudiantiles CAL Grants que todo el sistema de colegios comunitarios combinado, a pesar de enrolar sólo a uno de cada 10 estudiantes en California.
Los estudiantes de minorías étnicas y las mujeres son la base de estas escuelas, que pueden dar enseñanza técnica o un bachillerato especializado. Estos son los que quedan en muchos casos embaucados con promesas incumplibles, con deuda personal y sin una enseñanza útil.
Ante este panorama, el buró estatal no está cumpliendo con su función. The Bay Citizen reportó en diciembre que había un atasco de quejas de cerca de 200 casos contra estas escuelas por contratar maestros sin cualificaciones, otorgar títulos de dudoso valor y otras infracciones.
Ante esta presión, Karen Newquis, la persona a cargo de hacer cumplir las leyes en el buró, dejará su cargo el próximo mes.
Este desarrollo es una señal positiva, pero la reacción de la agencia estatal debe ser un cambio de actitud que va más allá de un reemplazo de personal. La ley que rige esta oficina establece claramente que “la protección del público es primordial” cuando parece inconsistente con otros valores. No debe haber duda alguna en las prioridades del Buró de Educación Privada Post-Secundaria.
Hay 400,000 estudiantes en California matriculados en escuelas privadas vocacionales. Ellos merecen una protección como consumidores, ya hay una agencia para ese fin, es hora de que cumpla con su cometido.