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Es un mecanismo constitucional de protección de derechos humanos que tiene toda persona para acudir ante un juez administrativo con el propósito que le ordene, a la autoridad pública renuente o al particular en ejercicio de funciones públicas, el cumplimiento de un deber cuya ejecución le corresponde, contenido en una norma con fuerza material de ley o en un acto administrativo.
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