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Explicación:
El Proceso de Reorganización Nacional[a] (PRN)[1][2] o simplemente el «Proceso»[b] fue una dictadura cívico-militar que gobernó a la República Argentina entre el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y la entrega incondicional del poder a un gobierno constitucional el 10 de diciembre de 1983. Adoptó la forma de un Estado burocrático-autoritario y se caracterizó por establecer un "plan sistemático" de terrorismo de Estado y desaparición de personas.
Se inició con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 ejecutado por las Fuerzas Armadas y sectores civiles, principalmente del empresariado y la Iglesia Católica. El golpe derrocó a todas las autoridades constitucionales, nacionales y provinciales, incluyendo a la presidenta María Estela Martínez, imponiendo en su lugar una Junta Militar integrada por los tres comandantes de las Fuerzas Armadas, que dictó varias normas de jerarquía supraconstitucional y nombró a un funcionario militar con la suma de los poderes ejecutivo y legislativo, de la Nación y las provincias, que recibió el título de "presidente", y cinco funcionarios civiles que ocuparon la Corte Suprema.
Los objetivos declarados del Proceso de Reorganización Nacional fueron combatir la "corrupción", la "demagogia" y la "subversión", y ubicar a la Argentina en el "mundo occidental y cristiano".[6] Estableció un nuevo modelo económico-social siguiendo los lineamientos ideológicos del llamado neoliberalismo,[7] recién surgido, impuesto a través de una política de violación sistemática de los derechos humanos, en línea con la Doctrina de la Seguridad Nacional elaborada por Estados Unidos, articulado continentalmente mediante el Plan Cóndor, dirigida contra un sector de la población acusada de ser "peronista", "populista", "zurda", "izquierdista" o "subversiva". La dictadura produjo miles de desapariciones, asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de menores, exilios forzosos, etc, que ha sido judicialmente calificado como genocidio.[8] Contó con el apoyo o la tolerancia de los principales medios de comunicación privados y grupos económicos, la Iglesia católica y la mayor parte de los países democráticos del mundo.
El 10 de diciembre de 1983, la dictadura, debilitada tras la derrota en la guerra de las Malvinas contra el Reino Unido, sucedida un año y medio antes, se vio obligada a entregar el poder sin condiciones a un gobierno elegido libremente por la ciudadanía. Ese día, que luego sería oficialmente establecido como Día de la Restauración de la Democracia, asumió sus funciones el presidente Raúl Alfonsín, las dos cámaras del Congreso de la Nación, los gobernadores y legislaturas de las 22 provincias que existían en ese momento y las autoridades municipales democráticas. La Corte Suprema dictatorial había cesado dos días antes, mientras que la nueva Corte Suprema designada por el presidente Alfonsín con acuerdo del Senado, asumió el 23 de diciembre.