Busca en la Constitución Nacional los artículos 7,8 y 11 de la Constitución nacional sobre los derechos del niño ¿en qué medida los ocurrido durante la última dictadura militar violó estos derechos?
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la situación de los desaparecidos en la Argentina que aparentemente no perforó las convicciones internas en torno a la idea de que detrás de esas denuncias de torturas y desapariciones había una verdadera “campaña antiargentina”.10 En ese mismo clima se produjo al año siguiente la visita de la CIDH, cuyo objetivo era examinar in situ las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos dentro del país. Nuevamente, el acontecimiento fue escenario de incontables manifestaciones de sectores de la prensa, la Iglesia Católica, dirigentes políticos, cámaras empresariales, sindicatos y también ciudadanos “comunes” que manifestaron su apoyo al gobierno por haber “salvado” al país de la “agresión terrorista” y recuperado la “paz” y que repudiaban la injerencia internacional sobre los conflictos internos.11
En los meses siguientes se conocieron las conclusiones de la CIDH y otro informe del Departamento de Estado (DE) de Estados Unidos que daba cuenta de las atrocidades y de la dimensión masiva de los crímenes militares. Allí se hablaba de desapariciones - aventurando que la cifra sería incluso más alta que los 6.500 calculados por algunas organizaciones de derechos humanos dentro del país-, ejecuciones sumarias, torturas, secuestros y centros de detención. Estos informes fueron publicados por la prensa de alcance nacional en 1980, en febrero el informe del DE y en abril las conclusiones y recomendaciones de la CIDH.12 Sin embargo, esas aseveraciones de organismos internacionales no generaron reacciones inmediatas de ningún tipo, ni de los partidos políticos ni de los mismos periódicos que sólo más tarde, en los años siguientes, comenzarían a dar espacio a las denuncias y al “problema de los desaparecidos”.
La pregunta es, entonces, cuándo y porqué las violaciones a los derechos humanos comenzaron a formar parte de una agenda pública para los actores políticos claves. Sin duda, el problema no era la existencia o no de información o de un conocimiento amplio o reducido sobre la cuestión, sino la disposición política a construir un problema público en torno a ello.
A partir de 1980 la situación política y económica se deterioró velozmente y ello derivó hacia 1981 en la emergencia de un nuevo clima social y cultural más reactivo frente al régimen, un auténtico giro opositor. En el plano político, el deterioro estuvo marcado por el fracaso de dos instancias consecutivas del “diálogo político” propuesto por la Junta Militar y por la insistencia en que “las urnas están bien guardadas”, mientras los conflictos internos en torno a la salida política corrían a las Fuerzas Armadas. Por su parte, los principales partidos organizaron en junio de 1981 una Multipartidaria para demandar una pronta normalización institucional.13 En el plano económico, la situación ya se había deteriorado hacia una crisis abierta a partir de la quiebra del Banco de Intercambio Regional, uno de los más importantes del país, en marzo de 1980. La crisis financiera y las quiebras de otros bancos privados se sucedieron en los meses siguientes produciendo pánico entre los inversores y haciendo crecer la especulación cambiaria. Para entonces la crítica y la oposición de los más diversos sectores -incluidos los más fervientes aliados en el plano político- era generalizada y la situación económica entró en abierto descontrol para 1981. Fuga de capitales, corridas cambiarias, caída de reservas, suba del dólar y de las tasas de interés, caída de todos los indicadores productivos, creciente endeudamiento y déficit de la balanza comercial, eran señales claras de un sistema quebrado y en recesión según los propios observadores de entonces.14
En relación con la cuestión represiva, a partir de 1981, y en un clima de cierta distensión política y de la censura, el tema comenzó a ser más visible a través de la cobertura limitada pero efectiva de la prensa de alcance nacional sobre los reclamos de los familiares de desaparecidos y también a partir de ciertas demandas aún muy moderadas que pedían el “esclarecimiento” del tema.15 Esta nueva presencia, muy acotada pero efectiva, de voces, informaciones y exigencias sobre la represión indica una cuña en los silencios previos, pero sobre todo muestra su carácter dependiente de la evolución del clima político frente al gobierno.
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