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Por fin, en noviembre, la comisión decretó que Luis XVI podía y debía ser juzgado por la Convención (sucesora de la Asamblea Legislativa) bajo la acusación de traidor a los principios constitucionales que había jurado, al tiempo que decretaba la abolición de la condición de inmunidad ante la justicia de los miembros de la familia real.
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