que derechos y obligaciones tenemos creer los ciudadanos respecto a ala pandemia que nos está afectando en estos momentos?
Respuestas
Respuesta:
Amnistía Internacional está siguiendo atentamente las respuestas de los gobiernos a la crisis. Son tiempos extraordinarios, pero es importante recordar que el derecho de los derechos humanos sigue siendo aplicable. De hecho, nos ayudará a superarlo juntos.
A continuación repasamos brevemente cómo los derechos humanos pueden ayudar a protegernos y las obligaciones de los gobiernos en relación con la pandemia.
En el contexto de la propagación de una epidemia, esto significa garantizar asistencia preventiva así como bienes y servicios a disposición de todas las personas.
En Hong Kong, uno de los primeros lugares afectados por la COVID-19, una ONG local señaló que casi el 70% de las familias con ingresos bajos no podía permitirse el equipo de protección que el gobierno estaba recomendando, que incluía mascarillas y desinfectante. Si los Estados apoyan el uso de tales artículos, deben asegurarse de que todo el mundo puede acceder a ellos.
En diciembre de 2019, personal médico de Wuhan (China), donde se informó por primera vez del virus, compartió con colegas sus temores relacionados con pacientes que presentaban síntomas respiratorios. Las autoridades locales silenciaron y amonestaron de inmediato a estos profesionales por “difundir rumores”.
Toda persona tiene derecho a ser informada del peligro que la COVID-19 representa para su salud.
Mientras, en la región de Jammu y Cachemira, las autoridades han ordenado prorrogar la restricción de los servicios de Internet, pese al número creciente de casos. Como consecuencia, acceder a información vital sobre la incidencia y propagación del virus, y cómo protegerse, es sumamente difícil.
Toda persona tiene derecho a ser informada del peligro que la COVID-19 representa para su salud, las medidas para mitigar los riesgos y los esfuerzos en curso para combatirla. No garantizarlo debilita la respuesta de los servicios de salud pública y pone en riesgo la salud de todo el mundo.
Las personas con trabajos precarios están sufriendo de manera desproporcionada las consecuencias de la pandemia, que ya empieza a afectar gravemente a la población y la economía. La población trabajadora migrante y quienes trabajan en la economía bajo demanda (“gig”) y en el sector informal tienen más probabilidades de que la COVID-19 y las medidas adoptadas para controlarla afecten negativamente a su derecho al trabajo y sus derechos laborales.
Los Estados deben garantizar el acceso a la seguridad social —incluidas prestaciones por enfermedad, bajas parentales y asistencia médica— de todas las personas que no puedan ejercer su trabajo debido al virus. Esto también es fundamental para que la población se ciña a las medidas de salud pública adoptadas por los Estados.
Las personas que trabajan en los servicios de salud están en primera línea frente a esta pandemia, ya que siguen prestando servicios a pesar de los riesgos personales para ellas y sus familias, y los gobiernos deben ofrecerles protección. Entre otras cosas, deben facilitar equipos de protección individual adecuados y de buena calidad así como información, formación y apoyo psicosocial a todo el personal que está respondiendo a la crisis. Personas que desempeñan otros trabajos, como el personal de prisiones, también corren mayor riesgo de exposición y deben ser protegidas.
Por ejemplo, las personas sin hogar tendrán más dificultades para aislarse, y quienes no tengan acceso a unas condiciones adecuadas de saneamiento correrán mayor riesgo de infectarse con el virus.
A la hora de elaborar estrategias de respuesta a la COVID-19, los Estados deben asegurarse de tener plenamente en cuenta las necesidades y experiencias de grupos específicos.
Según información publicada en medios de comunicación, las personas procedentes de Wuhan han sufrido discriminación y acoso generalizados en China, como ser expulsadas de hoteles, quedar atrapadas en sus viviendas por barricadas y ver sus datos personales filtrados en Internet.
El presidente Trump ha aprovechado la pandemia para justificar políticas racistas y discriminatorias y, según informes, planea una prohibición general del paso desde México a las personas solicitantes de asilo.
Prohibir tan drásticamente el asilo sería contrario a las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales del Estado y sólo serviría para demonizar a las personas que buscan seguridad. Una prohibición similar impuesta en 2018 ha sido declarada rápidamente ilegal por todos los tribunales que la han examinado.
Más aún, durante una crisis de salud pública, los gobiernos deben actuar para proteger la salud de todas las personas y para garantizar su acceso a atención y seguridad, y sin sufrir discriminación. Esto incluye a las personas en movimiento, con independencia de su condición de migrantes.
El mundo sólo podrá luchar contra este brote mediante la solidaridad y la cooperación más allá de las fronteras. La COVID-19 debe unirnos, no dividirnos.
Explicación:
El derecho a la salud
Acceso a la información
Derecho al trabajo y derechos laborales
Impacto desproporcionado en determinados grupos
Estigma y discriminación