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La reforma de la administración colonial partió por el reordenamiento de las divisiones administrativas americanas. Ya se había dado un paso en esta dirección con la creación del virreinato de Nueva Granada (con capital en Bogotá), el cual fue luego abolido y reestablecido definitivamente en 1739. En 1776 se creó el virreinato del Río de la Plata (con capital en Buenos Aires) al cual se anexó el Alto Perú, pues se consideraba que las minas de plata de Potosí resultaban imprescindibles para asegurar la viabilidad económica del nuevo virreinato.
Sin embargo, el principal problema de la administración colonial era el control ejercido por las elites criollas sobre las instancias de poder locales. Ello había sido facilitado por las ventas de cargos (anuladas recién en 1750), pero no se limitaban a ellas. En territorios tan lejanos a España era inevitable que los funcionarios reales se vincularan a las sociedades locales a nivel económico e incluso, mediante matrimonios, a nivel personal. Ello formaba una comunidad de intereses entre ambos grupos, redundando en que la elite criolla era quien en la práctica controlaba el gobierno. La Corona se veía perjudicada por esta situación, pues al no poder hacer valer sus intereses en sus colonias, era constantemente defraudada, sus leyes no eran observadas, al mismo tiempo que el contrabando se incrementaba.
Para resolver esta situación, la Corona emprendió la reforma de la administración colonial, como requisito indispensable para las reformas económicas. El medio usado por Carlos III para llevar a la práctica los cambios administrativos fue la antigua visita general de los Habsburgo, resucitada para nuevos propósitos. Entre 1765 y 1771 José Gálvez, realizó la visita del virreinato de Nueva Granada con gran éxito, al punto que fue recompensado con el marquesado de Sonora. Posteriormente se emprenderían visitas en el virreinato del Perú (1776) y de Nueva Granada (1778).
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