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El genocidio producido durante la dictadura cívico-militar fue planificado y organizado por múltiples sectores de poder con la cara visible de las fuerzas armadas. Sin embargo, la disputa por agregar el término cívico a la forma de denominarlo es una pelea por instalar en el imaginario colectivo a quienes fueron cómplices y principales responsables de la desaparición, tortura y muerte de miles de personas, pero también quienes promovieron la instalación de un nuevo modelo económico.
Una de las disputas en torno a la denominación de la última dictadura que se estableció en el país es la de cívico-militar. Quienes defienden su utilización intentan instalar la necesidad de recordar al genocidio con todas sus caras. Lejos del eufemismo de sólo hablar de militares que se encontraban saciados de poder y secuestraban, desaparecían, torturaban y mataban, había civiles que promovieron el genocidio, que fueron cómplices y parte integrante y necesaria para la desaparición de miles de personas y la instalación de un plan económico de matriz neoliberal.
El comportamiento militar no respondió a excesos como quisieron declarar desde ciertos espacios de poder, ni tampoco como contrapartida a un “demonio” que había que derrotar. El accionar genocida fue planificado y premeditado para eliminar a toda organización política y destruir los lazos sociales que permitieron generar una multiplicidad de proyectos colectivos. La desaparición de miles de cuadros políticos fue necesaria para que Argentina se adaptara a los cambios de acumulación capitalista a nivel internacional. La represión fue necesaria para pasar de un capitalismo industrial a un capitalismo financiero.