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La educación constituyó uno de los campos donde la racionalidad tecnocrática orientó el proceso de reforma, que incluyó la transferencia de servicios educativos nacionales a las respectivas jurisdicciones. En Educación, estas medidas se tradujeron en la transferencia (acordada para acceder al Plan Brady) de los servicios educativos secundarios y terciarios a las diferentes provincias con el objetivo de reducir en 900 millones los gastos del Estado nacional por ese concepto, terminó siendo vetado (21). Sin embargo, el gobierno aseguraba que las jurisdicciones iban a tener el dinero necesario para sostener los servicios transferidos, debido a que la "revolución productiva" impulsada iba a traer aparejada una mayor recaudación tributaria favorecida por lo establecido por su Ley de Reforma del sector. De cualquier modo, las gestiones provinciales pensaron en distintas soluciones al posible desfinanciamiento.
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