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Respuesta: La firma de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero de 1992, es uno de los hechos más importantes de nuestra historia reciente, en lo que respecta a la estabilidad de lo político-electoral y la delineación del principio de división de poderes. Un hecho histórico cuyo objetivo principal era claro: terminar el conflicto armado mediante la negociación política. Pero no era el único, pues, a partir de ahí, se pretendía impulsar la democratización del país y garantizar el irrestricto respeto de los derechos humanos para, finalmente, reunificar a la sociedad salvadoreña.
Desde el punto de vista institucional, las partes beligerantes, los firmantes, se comprometieron a construir un Estado de Derecho, expresado en el equilibrio de los poderes, el fortalecimiento del aparato estatal y la desmilitarización de la seguridad pública. Por ello, entre otras cosas, el proceso de adopción de los Acuerdos de Paz motivó relevantes reformas constitucionales. Si bien el marco normativo e institucional germinado en torno a los mismos pudo haber correspondido a lo esperado, lo cierto es que la cultura institucional continúa en deuda porque, en buena parte, sigue guiándose por una lógica polarizada y polarizante, autoritaria y excluyente.
Así, por ejemplo, las decisiones estatales se han ido tomando entre las élites (políticas, económicas, sociales y culturales) sin una suficiente participación social, y cuando -supuestamente- se le ha consultado a la sociedad, no se han respetado los estándares del diálogo racional y democrático, al punto que el discurso de quienes dicen representar a la mayoría, que se presentan como los fuertes, usualmente es utilizado para neutralizar a las minorías, negándoles la oportunidad de expresarse y participar, de ser escuchadas y protegidas, de acuerdo a sus necesidades.
La generación que se encargó de terminar la guerra y negoció la paz estuvo integrada por las personas correctas para lograr tal acontecimiento, porque fueron quienes lograron firmar los Acuerdos de Paz. No obstante, muchas de estas personas, posteriormente incrustadas en las distintas élites, se convirtieron en un obstáculo, de una u otra manera, para lograr la paz. Bloquearon la posibilidad para que la sociedad salvadoreña se reunificara y viviera en una democracia efectiva, con un Estado que respeta los derechos humanos y libre de militarismo.
En El Salvador aún no se han superado las problemáticas estructurales del conflicto armado, siendo una de ellas el privilegio de los fuertes y la discriminación de los débiles. Parafraseando a nuestro santo, Óscar Romero, aún falta para que la ley deje de ser esa serpiente que solo muerde los pies de los descalzos. Asimismo, desde hace algún tiempo se está experimentado el resurgimiento -generalizado o sistemático- de aquellas graves violaciones de derechos humanos que se sufrieron en el conflicto: detenciones ilegales, torturas, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, asesinatos masivos y ejecuciones extrajudiciales. Muchas de estas, causadas por la violencia actual, están siendo sufridas por las mismas personas y grupos sociales que las padecieron en aquel conflicto.
Esto nos deja una lección trascendental: una cosa es terminar la guerra y otra comenzar la paz. Durante el conflicto armado, en esencia, las dirigencias de las partes beligerantes entendieron la guerra como un medio para hacer la política. Desafortunadamente, después de 1992, entendieron la política -y su institucionalidad- como un medio para continuar la guerra -y su autoritarismo-, dejando a miles de personas afectadas por esta dinámica.
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