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De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones, cerca de 1,200,000 personas habían consumido alguna sustancia de uso ilícito en los 12 meses anteriores a la realización de la encuesta en 2011. Aunque existen varias ramas del derecho e instituciones (administrativo, de salud y penal) que regulan las sustancias de uso ilícito en México, el derecho penal sigue siendo la rama que marca la relación entre consumidores y Estado. Para muchos de los usuarios de estupefacientes controlados, el consumo implica entrar en contacto directo con las instituciones penales, con todos los costos que eso implica. Para muchos otros ha implicado moverse en la clandestinidad y la ilicitud, con los riesgos que ello conlleva.
Tanto a nivel nacional como internacional existe cierto consenso respecto a que el consumo no debe ser un asunto de índole penal, sino de salud. En la mayoría de los casos, el consumo no produce efectos negativos relevantes ni para el individuo que consume ni para la sociedad. A la vez, parece que los efectos más nocivos a la salud de los consumidores de sustancias controladas provienen del actual régimen prohibitivo que, al criminalizar a consumidores, los expone a situaciones de mayor riesgo (participar del mercado ilícito, consumir sustancias cuya procedencia y calidad no ha sido verificada o estar en contacto con el sistema penal y –presumiblemente- con el sistema penitenciario en donde la prevalencia de enfermedades contagiosas graves como el VIH/SIDA, Hepatitis, tuberculosis, sarna es mucho mayor que en la población en general) (Comisión Global de Política de Drogas, 2011). Además, la criminalización de consumidores ha contribuido a sobrecargar los sistemas penales, a aumentar la población carcelaria, a perjudicar la salud de los usuarios de drogas y a negar el ejercicio de sus derechos fundamentales (TNI & WOLA, 2010).
A pesar de ello, y a pesar que el consumo de sustancias de uso ilícito no está tipificado como un delito en México, la principal respuesta del Estado mexicano ante el consumo ha sido a través del sistema penal. Además, las cantidades máximas que la ley permite portar a los consumidores son tan pequeñas que están por debajo de la unidad usual de venta en el mercado negro, por lo que es fácil que un consumidor sea perseguido como si se tratara de un narcomenudista. Es decir, el régimen legal que, en teoría, buscaba crear un espacio de tolerancia para el consumo y distinguir con nitidez entre consumidor y narcomenudista, se aleja tanto de la realidad, que tiene como resultado marginación, y frecuentemente la criminalización, de los consumidores. El último estudio México del CEDD, que es presentado este martes 12 de noviembre en el CIDE Región Centro, muestra que entre 2009 (cuando fue aprobada la Ley de Narcomenudeo) y mayo de 2013, fueron detenidas en el fuero federal 140,860 personas por consumo de drogas, a pesar de que el consumo no es delito. (El evento se podrá seguir en vivo acá).
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espero que te sirva