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Dos aspectos positivos de la reforma política: la reelección legislativa y de presidentes municipales, y la autonomía de la Procuraduría General de la República (PGR) que se transformará en Fiscalía General de la República.
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La reelección es una de las trasformaciones más relevantes del sistema político en varias décadas. Puede detonar dos procesos virtuosos: la profesionalización de los congresos y una mayor atención de los legisladores a las demandas de sus votantes. No obstante, hay un riesgo creciente que puede convertir a la reelección en una oportunidad de cacicazgo: que los legisladores y los alcaldes usen los recursos a su alcance para “comprar” elecciones y reelegirse. Cada vez crece más el fenómeno del clientelismo legislativo y del tráfico de influencias y cobro de comisiones para asignar recursos presupuestales en el Congreso mexicano y en muchas legislaturas estatales. No es un problema causado por la reelección, pero ésta puede agudizarlo.
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Que la PGR se convierta en un órgano autónomo puede ayudar a despolitizar la procuración de justicia y propiciar una aplicación más pareja de la ley. Ayudará a profesionalizar la labor de los ministerios públicos. Y desde una fiscalía autónoma se puede construir una lucha más eficaz contra la corrupción, en lugar de crear una Comisión Nacional, que sin duda se convertiría en un elefante blanco.