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El desplazamiento interno en Colombia es el resultado de un conflicto de larga data, clasificándose dentro de los “conflictos de baja intensidad” o “conflictos olvidados”. En concreto el conflicto armado colombiano se caracteriza por la continua pugna de poder y control territorial de los diferentes actores implicados en el mismo. Esto permite situarlo en dos de las tres categorías señaladas por el Project Ploughshores del Conrad Grebel Collage (Waterloo) las de “control” y “fracaso” del Estado[1], que se resume en el debilitamiento del Estado por la escasez de recursos económicos, resultado en ocasiones de la corrupción política galopante, que deja al Gobierno en una situación inoperante frente a reivindicaciones populares como el aumento y mejora de servicios públicos básicos tales como la salud y educación; y por la crisis ecológica y ambiental que sufren los espacios rurales y naturales ante la expansión de cultivos lícitos en terrenos de escasa vocación para ellos y que, además, posteriormente se erradican mediante fumigaciones aéreas, perjudiciales para cualquier forma de vida.
Esta situación, unida a la falta de oportunidades de empleo, agrava la pobreza de grupos marginados, llevándolos a la indigencia o a prácticas ilegales de dinero “fácil” (secuestro, extorsión, sicariato, insurgencia y narcotráfico) como salida a su situación económica y deseo de venganza. Al mismo tiempo muchas personas que integran estos grupos marginados, y que ven vulnerados sus derechos, buscan seguridad para sus prácticas reivindicativas en organizaciones que puedan brindarle protección, trasladándole la lealtad del Estado a las agrupaciones delictivas: guerrilla, paramilitares, narcotraficantes, etc. Todo ello desemboca en un conflicto de poderes y de intereses económicos que se manifiesta en la continua violación de los derechos humanos.
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