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La centralización del poder conviene a los países que temen por su disolución o que prefieren erigir un poder único y fuerte que regule la nación, sobre todo en casos en que existe mucha desigualdad entre las provincias y se teme que una provincia rica, por ejemplo, no comparta lo suficiente sus riquezas con las vecinas más pobres.
El problema de estos modelos centrales es que su implantación genera mucha fricción en los poderes provinciales y a menudo deriva en modelos de poder más autoritarios, menos justos, en los que se decide desde muchos kilómetros de distancia las medidas que deberían beneficiar a los ciudadanos de una provincia determinada, desconectando así al poder de la realidad inmediata de su pueblo.
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