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Respuesta:
Gracias a estos consensos académicos y a las luchas indígenas, desde
los años ochenta y sobre todo desde la década de 1990 se han ido abriendo
espacios cada vez más significativos dentro de los Estados. El cambio se
produjo desde agendas políticas en las que se pretendía la asimilación del
otro hacia el reconocimiento multicultural, agendas interculturales e incluso
la “indianización” del Estado, como lo ilustra el caso del Estado Plurinacional
de Bolivia a partir de 2006, la principal expresión de estos nuevos enfoques
que ha tenido lugar hasta el presente.
El Convenio núm. 169 de la OIT (1989) tuvo un enorme impacto en la
llamada “cuarta ola de constituciones” (Lane, citado en Van Cott, 2000, pág. 11),
es decir, en las nuevas constituciones o en las reformas constitucionales
realizadas en la región desde 1987. La politóloga norteamericana Donna
Lee Van Cott llamó a este fenómeno “constitucionalismo multicultural”
(2000, pág. 269), un concepto que concitó atención porque expresaba de
forma sucinta lo que sucedía en la región (véase el cuadro I.6). Si bien
signifcó una ruptura con el discurso liberal universalista (excluyente),
hegemónico desde los procesos de independencia, no tuvo el impacto esperado
en las políticas en el sentido de favorecer una mejor calidad de vida de
los indígenas.
Las constituciones, legislaciones y políticas nuevas o reformadas
posibilitaron la creación de ministerios, viceministerios, organismos estatales,
defensorías indígenas y comisiones especializadas en asuntos indígenas
para abordar de forma más adecuada aspectos como salud, educación,
tierras y territorios, acceso y gestión de recursos naturales, entre otros.
En la actualidad, las instituciones encargadas de los asuntos indígenas
tienen características heterogéneas en los distintos países, según el nivel de
participación política de los pueblos indígenas y la jerarquía institucional
alcanzada (véase el cuadro I.7).
Si bien en una primera etapa del desarrollo institucional el esfuerzo se
dirigió hacia la creación de instituciones especializadas, en la última década
se orientó a la transversalización de los asuntos indígenas y la profundización
de la articulación intersectorial de diversas instancias, un desafío en que se
está avanzando en la mayoría de los países, con velocidades diferentes. En
los casos de Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Ecuador, en el marco de su
defnición como Estados plurinacionales, se reestructuró el aparato estatal
sobre la base del reconocimiento de los pueblos indígenas, originarios y
campesinos, en el primer país, y de las nacionalidades y pueblos indígenas,
en el segundo, en un proceso de reconfiguración institucional. Como
señala Cordero Ponce (2012), estos procesos no están exentos de obstáculos
y controversias; sin embargo, será necesario esperar algún tiempo antes de
poder evaluar el impacto de estos cambios institucionales. Entretanto, se
requiere promover y fortalecer esta institucionalidad, cuya debilidad se ha
señalado reiteradamente (CEPAL, 2007 y 2013b)
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