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Aún con los avances legislativos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en los últimos años en el ámbito federal como en lo local, principalmente con publicación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se mantiene la discriminación y violencia en su contra, poniendo en riesgo su integridad y su vida. Por ello, es imperativo armonizar las legislaciones estatales acorde con los más altos estándares en la materia y asegurar su correcta implementación.
Siguen existiendo graves deficiencias en el diseño e implementación de políticas públicas para asegurar una vida libre de violencia para las mujeres mexicanas. Las instituciones administrativas y judiciales que atienden a las mujeres deben de comprometerse con procesos adecuados, eficaces y libres de prejuicios, con la voluntad y la capacidad de brindarles protección. De igual manera, se deben construir los mecanismos de transparencia y rendición de cuenta adecuados para la evaluación y seguimiento de las medidas adoptadas.