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La abdicación, que no renuncia (porque ello afectaría a sus herederos) ni dimisión (porque, en cuanto Jefe del Estado, no tiene superior), del Rey Juan Carlos I es una metáfora del cambio de época de nuestra democracia, abre la puerta a un tiempo nuevo, aunque lo viejo no acabe de morir, y suscita algunos problemas constitucionales interesantes. Uno primero es que estamos en presencia de una abdicación, que es un acto complejo de sucesión en la Corona, compuesto de tres momentos: la comunicación del Rey de su voluntad de abdicar (lo que sucedió el lunes 2 de junio); la aprobación mediante ley orgánica de la abdicación (artículo 57.5 de la Constitución Española, CE) y, por último, la proclamación del nuevo Rey ante las Cortes Generales (art. 61.1 CE), que, en aplicación de las reglas sucesorias previstas en el art. 57.1 CE, será su hijo Don Felipe. La decisión de abdicar es un acto personalísimo del Monarca, es decir, absolutamente libre por su parte. La ley orgánica de abdicación sí plantea problemas, porque, por miopía política
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espero sirva qwq