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Actualmente, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, existen instrumentos que enfatizan la obligación de los Estados de garantizar el respeto de los derechos de todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, género, religión o posición política. No obstante y pese a que se cuenta con un considerable acervo de tratados, declaraciones y convenciones que salvaguardan esa igualdad de jure, ésta aún no se traduce en una efectiva igualdad de facto. Y es que, en nuestro criterio, existe una relación indivisible de la pobreza como causa y efecto de violación de los derechos de las personas, que debe ser abordada si se quiere conseguir esa igualdad de facto de modo que los grupos y personas excluidas puedan reclamar sus derechos ante los Estados y obtener respuestas prontas, adecuadas y a un costo razonable para una expansión del bienestar que llegue hasta las bases de la sociedad.