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Colombia es proyecto inconcluso. Sus instituciones, improvisadas en la Asamblea de 1991 para sustituir la Constitución Llerista de 1968, no atienden en forma debida las necesidades de su población. No ofrecen la seguridad necesaria en las barriadas de las ciudades ni en el país rural: el Estado no ejerce el monopolio del poder coercitivo. La calidad del legislador, evidente en su funcionamiento y en las leyes que expide, no es la requerida. La formación de las Altas Cortes es absurda: subordinados lógicos en materia jurisprudencial, Corte Suprema y Consejo de Estado, postulan candidatos para formar su superior, la Corte Constitucional. La rama judicial no es independiente, sus sentencias no son oportunas ni consistentes, y no se aprovechan para su funcionamiento las herramientas de productividad disponibles ni hay capacitación permanente y sistemática.