Respuestas
Respuesta:
estrechamente con otros actores de los sectores de la salud y la justicia, con la participación de las autoridades locales, asesores jurídicos y otros grupos y organizaciones de apoyo a las supervivientes a fin de suministrar la máxima protección y atención a estas, al tiempo que promueve el enjuiciamiento potencial de los autores. En la práctica, con frecuencia los recursos son limitados y no hay cooperación alguna entre los actores encargados de la seguridad y otros proveedores de servicios (por ejemplo, de salud, de vivienda y judiciales) u organizaciones de la sociedad civil que prestan apoyo a las mujeres y las niñas. La cooperación entre distintos sectores y entre actores tal vez sea tensa debido a la falta de mecanismos oficiales de cooperación a nivel tanto nacional como de la comunidad; diferentes protocolos de respuesta y políticas de remisión de los proveedores; y relaciones débiles entre particulares o desconfianza del personal de seguridad, especialmente si participan en actos de violencia o son cómplices al responder a los casos de que se les informa.
Predominio de los sistemas de justicia informales y el derecho consuetudinario: En muchas comunidades de distintas regiones, especialmente en las comunidades indígenas, en las zonas rurales y en entornos en que los sistemas de justicia formales son débiles, predominan los sistemas de justicia informal y el derecho tribal y consuetudinario. Tal vez las mujeres dependan de los sistemas de justicia informales y los prefieran o consideren que son la única opción a la que pueden recurrir o que defienden los valores tradicionales, o tal vez estos sistemas sean más fácilmente accesibles dentro de la comunidad que los mecanismos de justicia formales. Además, las mujeres tal vez recurran a la justicia informal por temor a la estigmatización dentro de la familia y la comunidad o a la pérdida de apoyo económico y oportunidades en caso de usar un recurso judicial oficial (por ejemplo, en caso de que sus esposos o parejas o un dirigente comunitario o figura de autoridad resulten encarcelado como resultado de un proceso judicial formal) (Swaine, 2003; Ladbury, 2009). En algunas zonas, la policía tal vez remita el caso a un sistema informal o desaliente a las mujeres y las niñas a que interpongan un recurso por conducto del sistema formal. Esto limita el acceso de las mujeres a las medidas de protección que surgen de la aplicación de la ley (órdenes de protección, detención o separación del autor en casos de violencia doméstica)
