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La función fiscalizadora y de los organismos encargados de realizarla, debe caracterizarse por su autonomía frente a las demás funciones, órganos y ramas del poder público, sin que ello implique que deje de colaborar armónicamente en la realización de los fines del Estado.
En Colombia, sin embargo, la anterior Constitución no delimitaba la función de control y vigilancia. Por ejemplo, señalaba de una parte la obligación del Ministerio Público de acusar al Gobierno ante la cámara cuando estimara que sus miembros hubieren cometido cualquier clase de hechos punibles, y de otro lado se le sometía a la dirección suprema del Gobierno. El doctor J.A. César Salgado, ex-presidente de la Asociación Interamericana del Ministerio Público decía, refiriéndose a esta institución.
“En un régimen nítidamente democrático cabe al Ministerio Público papel de importancia inexcusable. Es menester sin embargo, que sus agentes se cubran de independencia necesaria para vengar todos los atentados a la ley, parta la ofensa de donde partiere”, y citando a García Musant en comentario al decálogo del fiscal, en la primera convención de fiscales de Venezuela, se pregunta con él: ¿Cómo podría un fiscal del Ministerio Público cumplir sus delicadas funciones si se deja cohibir con influencias enerverantes? ¿Cómo podría un fiscal del Ministerio Público dar cabal satisfacción a los requerimientos de su conciencia si ha de prestar oídos a las voces de interesadas sugerencias? ¿Cómo podría un fiscal del Ministerio Público hacer valer ante los tribunales de la justicia humana, el derecho de los hombres, si temeroso de sufrir daño alguno y carente de valor moral, rinde su conciencia de funcionario ante el soberbio pedestal de otro poder que no sea el de la ley? ¡Nunca!