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Han pasado 24 años desde el día en que un comando de cerca de 35 guerrilleros del M-19, liderados por Andrés Almarales y Luis Otero, irrumpieron en las instalaciones del Palacio de Justicia, asesinaron a los dos vigilantes que custodiaban el parqueadero, entraron con sus armas y, durante 27 horas, mantuvieron como rehenes a civiles, funcionarios y magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado.
La reacción de la Fuerza Pública, que ha sido calificada en varios escenarios como excesiva y desproporcional, no se hizo esperar. Cerca de 2.000 uniformados que pertenecían al Ejército, la Policía y la Guardia Presidencial arribaron de inmediato al Palacio “a defender la democracia”, frase con la que obtuvo gran protagonismo el entonces comandante de la Escuela de Caballería, coronel Alfonso Plazas Vega.
Lo sucedido ese 6 y 7 de noviembre de 1985 permanece en la memoria de los uniformados, los sobrevivientes y los familiares de 11 personas que, luego de la recuperación del edificio, continúan desaparecidas. La Comisión de la Verdad, creada en 2005 por la Corte Suprema de Justicia, anunció que divulgará su informe final el próximo 17 de diciembre. El Tribunal Especial que se creó en 1986 también arrojó algunas conclusiones, pero a la larga, tanto el M-19 —con su amnistía— como los militares fueron absueltos de cualquier responsabilidad.
No obstante, la Fiscalía espera que la justicia indique otra cosa. El ente acusador pretende que dos generales (r), dos coroneles (r) y cuatro suboficiales (r) de inteligencia respondan por la desaparición de esas 11 víctimas. Así, según el organismo, se demostraría que si bien los guerrilleros hicieron del Palacio un infierno viviente, la respuesta castrense no se habría movido completamente en la legalidad, como se ha argumentado las dos últimas décadas.
La reacción de la Fuerza Pública, que ha sido calificada en varios escenarios como excesiva y desproporcional, no se hizo esperar. Cerca de 2.000 uniformados que pertenecían al Ejército, la Policía y la Guardia Presidencial arribaron de inmediato al Palacio “a defender la democracia”, frase con la que obtuvo gran protagonismo el entonces comandante de la Escuela de Caballería, coronel Alfonso Plazas Vega.
Lo sucedido ese 6 y 7 de noviembre de 1985 permanece en la memoria de los uniformados, los sobrevivientes y los familiares de 11 personas que, luego de la recuperación del edificio, continúan desaparecidas. La Comisión de la Verdad, creada en 2005 por la Corte Suprema de Justicia, anunció que divulgará su informe final el próximo 17 de diciembre. El Tribunal Especial que se creó en 1986 también arrojó algunas conclusiones, pero a la larga, tanto el M-19 —con su amnistía— como los militares fueron absueltos de cualquier responsabilidad.
No obstante, la Fiscalía espera que la justicia indique otra cosa. El ente acusador pretende que dos generales (r), dos coroneles (r) y cuatro suboficiales (r) de inteligencia respondan por la desaparición de esas 11 víctimas. Así, según el organismo, se demostraría que si bien los guerrilleros hicieron del Palacio un infierno viviente, la respuesta castrense no se habría movido completamente en la legalidad, como se ha argumentado las dos últimas décadas.
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los órganos con movimientos involuntarios son corazón, cerebro, pulmones, estómago, intestinos.
Los órgamos con movimientos voluntariosos son las extremidades superiores e inferiores, el tronco la cabeza
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