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En una misma semana de enero, tres nuevos instrumentos legales en Perú significaron un avance en medio del desierto de protección de los intereses y derechos de los ciudadanos LGBTI: una decisión de un juzgado constitucional –que obliga al Estado a inscribir un matrimonio igualitario celebrado en México– y dos decretos legislativos contra la discriminación por identidad de género y orientación sexual. Sin embargo, estas iniciativas produjeron nuevas críticas contra lo que grupos evangélicos y católicos llaman, desde 2016, «ideología de género», que según ellos «pervierte» a los niños y destruye el concepto de familia con padre y madre.
«Ministra, retire la ideología de género de la currícula escolar», «No es homofobia, es protección a mis niños», decían algunas de las gigantografías que decenas de personas sujetaron durante varias horas –e incluso días– en puentes peatonales y estaciones de la línea 1 del metro de Lima, pero también en plazas de ciudades y pequeñas localidades fuera de la capital. Los carteles, siempre en colores celeste y rosado, que marcan –para los manifestantes– la división «natural» entre hombre y mujer, incluyen también el término «ideología de género», tachado.
Ante la multiplicación de voceros y de actividad en las redes sociales con el hashtag #conmishijosnotemetas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables difundió un comunicado en el que explicaba qué significa la igualdad de género y destacó que ese enfoque trata de promover que las mujeres, desde niñas, se desarrollen en igualdad de condiciones que los varones, con acceso a educación, salud y trabajo y sin discriminación ni violencia.
Al día siguiente, el Ministerio de Educación también distribuyó mensajes muy claros en redes sociales y en los diarios: «El currículo no hace mención a ninguna ideología, no promueve ninguna orientación sexual en particular, fomenta que los estudiantes se formen en valores de respeto y tolerancia, rechazando toda forma de discriminación». También refirió que promueve «transformar las diferentes situaciones de desigualdad de género, evitando el reforzamiento de estereotipos». Sin embargo, la respuesta de los grupos conservadores fue incluso más rígida: «El Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables han emitido algunos comunicados que insultan una vez más la inteligencia de los peruanos, evidenciando que el cinismo de este gobierno no conoce límites», indicaron en la cuenta «oficial» de Facebook de la campaña «Con mis hijos no te metas», que comenzó en noviembre de 2016. En ese contexto, grupos de políticos fujimoristas (entre ellos, pastores evangélicos) y el arzobispo de Lima, monseñor Juan Luis Cipriani, atacaron al Ministerio de Educación porque en la currícula escolar 2017 contenía «ideología de género», un término que Cipriani usó por primera vez en julio pasado para atacar el movimiento «Ni una menos» en Perú.
Entre las organizaciones más activas en la causa contra la igualdad de género y que prefieren que no se use el término «orientación sexual», están la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, la Coordinadora Nacional Profamilia y Salvemos a la Familia, que se reunieron en noviembre en Lima con políticos colombianos que fueron parte de la campaña del «No» en el referéndum de los Acuerdos de Paz entre el Estado y la guerrilla y que promovieron la remoción de la ministra de Educación de Colombia, Gina Parody, con argumentos similares a los que se usan hoy en Perú.
La oposición a la «ideología de género» incluye el rechazo a la protección jurídica de las diversidades sexuales. Si bien en el gobierno anterior, presidido por Ollanta Humala, la mayoría fujimorista y aprista en el Congreso bloqueó dos proyectos de ley promovidos por la comunidad LGBTI –la unión civil y la sanción de crímenes de odio–, el Ejecutivo a cargo de Pedro Kuczynski aprobó en enero pasado un decreto que modifica el Código Penal para incluir la prohibición expresa de discriminar por razones de orientación sexual o identidad de género y establece que ambas situaciones deben considerarse en adelante agravantes en los delitos.
Dos congresistas fujimoristas se expresaron de inmediato contra el decreto. La parlamentaria Karina Beteta afirmó que «esas terminologías» no forman parte de la Constitución, y su colega Juan Carlos Gonzales exigió derogarlo. Dijo que la condición de un homosexual es una conducta y calificó la norma de «ley mordaza», ya que cualquiera podría ir a la cárcel si se pronuncia en contra de iniciativas legislativas para la comunidad LGBTI.