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La revuelta popular y la Asamblea Nacional (1789-1791)
Los representantes del Tercer Estado, con la burguesía al frente, exigieron la sustitución del sistema tradicional de voto (un voto por estamento) por el del voto individual y, ante el rechazo de sus peticiones y la postura vacilante de la monarquía, constituyeron la Asamblea Nacional, proclamándola verdadera depositaria de la soberanía nacional e invitando a los representantes de los demás estamentos a unirse a ella.
El 4 de agosto de 1789 la Asamblea Nacional, convertida ya en Asamblea Nacional Constituyente, decretó la abolición de todos los derechos y privilegios feudales, y el 26 de agosto se publicaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, basada en los principios de "libertad, igualdad y fraternidad". Dominada por los sectores más moderados de la burguesía, la Asamblea desarrolló una extensa obra legislativa que culminó con la aprobación de la Constitución de 1791, que estableció la soberanía popular y la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
La monarquía constitucional: La Asamblea Legislativa (1791-1792)
Sometida a fuertes presiones, la recién implantada monarquía constitucional tendría escaso recorrido: no llegó siguiera a cumplir el año. Aunque la Asamblea Legislativa promulgó medidas progresistas, fue incapaz de satisfacer el descontento de las clases populares ante la carestía de los productos básicos como consecuencia del agravamiento de la crisis económica.
La República: La Convención (1792-1795)
A la caída de la monarquía siguió la celebración de elecciones (por sufragio universal masculino) y la constitución de la Convención Nacional, cuya puesta en marcha coincidió con la victoria de las tropas francesas sobre los prusianos en Valmy (20 de septiembre de 1792). Dos días después, el 22 de septiembre, la Convención Nacional proclamaba la República.
El Directorio (1795-1799)
En octubre de 1795, la Convención fue disuelta y sustituida por dos cámaras, el Consejo de Ancianos y el Consejo de los Quinientos, elegidos por sufragio censitario; detentaban el poder ejecutivo los cinco miembros del Directorio, renovables a razón de uno cada año. Dominado por la burguesía conservadora, el Directorio se apoyó en el ejército para reprimir las revueltas populares cuando la supresión del control de precios encareció nuevamente los productos básicos, y también para aplastar las conspiraciones e insurrecciones promovidas tanto por los realistas (que aspiraban a restaurar el absolutismo monárquico) como por la izquierda radical.
Mientras en el exterior los generales franceses (entre los que brillaba con luz propia el joven Napoleón) dirigían exitosas campañas militares que culminaron con la derrota de la Primera Coalición en 1797, el Directorio se mostraba incapaz de mantener la estabilidad en el interior, ni siquiera dentro de las mismas instituciones republicanas, víctimas de las luchas intestinas entre diversas facciones. El sufragio censitario no impidió que la izquierda jacobina y los realistas contaran con una considerable representación en el legislativo; a esta amenaza hubo que sumar, en diciembre de 1798, la formación de una Segunda Coalición europea contra la Francia revolucionaria.