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Explicación:
recursos naturales para su producción, y para lograr satisfacer la demanda se ha recurrido a la explotación de múltiples territorios llevando a una destrucción sin precedentes.
Obedeciendo a este comportamiento mundial, el modelo extractivista se ha instaurado en Colombia como una de las principales actividades económicas, sin embargo, las consecuencias ambientales, sociales, culturales y económicas, debidas a la pobre regulación, el escaso control, la falta de presencia del Estado y la protección de intereses particulares producidas por estas actividades extractivas principalmente minero-energéticas han puesto en evidencia complejos conflictos de carácter socioambiental que repercuten profundamente en las dinámicas poblacionales y que comienzan a ser motivo de preocupación debido a los efectos que se vislumbran en las condiciones de vida, salud y el tejido social propio de las poblaciones cercanas a los lugares donde se desarrollan estos proyectos de explotación o de las que se han visto envueltas, directa o indirectamente, en los mismos.
En Colombia, La Ley 685 (Código de Minas) prácticamente coloca al Estado como un observador en cuanto a la actividad minera, mientras que incentiva la inversión privada, lo cual se ratifica en los Planes de Desarrollo Minero desde el año 2002 hasta la actualidad (INSUASTY RODRÍGUEZ; GRISALES; GUTIERREZ, 2013). En cuanto al sector ambiental la situación no es diferente; hasta hace poco menos de 10 años se entregaron cientos de títulos mineros para la explotación de áreas protegidas, lo que ocasionó enormes daños ecológicos y sociales, esto debido a que ni el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ni las corporaciones autónomas regionales, han definido en su totalidad el régimen de uso de las zonas que les corresponden, desde las reservas forestales hasta los humedales (SALAMANCA, 2013).
Este panorama crea un ambiente de 'confianza inversionista' que atrae el capital de diversas multinacionales para la explotación de los territorios, confrontando los intereses de las mismas con los del Estado y con los de las diversas comunidades que los habitan, comunidades que generan resistencia al defender sus recursos naturales y la salud de su población.
Estas problemáticas afectan principalmente a poblaciones vulnerables como los indígenas o campesinos, al vivir en tierras estratégicas (INSUASTY; GRISALES; GUTIERREZ LEÓN, 2013). Desafortunadamente, a las comunidades o no se les informa acerca de los proyectos mineros o se les informa mal o los intereses económicos juegan un papel clave. Esto es claro en el mecanismo de consulta previa según la Contraloría, ya que
[...] en el proceso de otorgamiento de los títulos mineros no se tiene en cuenta la consulta previa que es un derecho fundamental de las comunidades étnicas, pues se trata de un mecanismo básico para preservar su integridad étnica, social, económica y cultural, y para asegurar su supervivencia como grupos sociales, tal como la Corte Constitucional lo ha expresado en ocasiones reiteradas. (SALAMANCA, 2013, P. 25).
Existen múltiples ejemplos de este modus operandi para el otorgamiento de títulos mineros en Colombia. El Cerrejón en la Guajira, Cerro Matoso, el páramo de Santurbán, Caramanta,