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El sistema político de Cuba ha sido, desde el triunfo de la Revolución cubana (enero de 1959), el de una democracia popular, con una socialización (estatización y en ocasiones, cooperativización) de los medios de producción. Durante casi cincuenta años, Cuba fue dirigida por Fidel Castro, primero como primer ministro (1959) y luego como presidente del Consejo de Estado, y del Consejo de Ministros (1976), el máximo órgano ejecutivo, actualmente presidido por su hermano Raúl Castro.
La actual Constitución de Cuba, reformada en 2002,1 establece que Cuba es un Estado socialista de manera irrevocable, impidiendo cualquier modificación del régimen socioeconómico. La Constitución dice en su artículo 5 que:
El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista.Comenzando en el año 1959, las tierras fueron sometidas a dos radicales reformas agrarias en las que se limitó la tenencia de tierras a tres caballerías por una sola persona que, según la constitución del 1976, previa autorización estatal, pueden incorporar sus tierras únicamente a cooperativas de producción agropecuaria o venderlas o permutarlas al Estado, o a cooperativas y agricultores pequeños2 y la autogestión de los organismos productivos. Sin embargo, desde la crisis económica provocada por el fin del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), el Gobierno ha promovido una apertura a la inversión de capital extranjero en condiciones de privilegio frente a la inversión que pudieran hacer los cubanos. Las inversiones del exterior son permitidas siempre que el capital extranjero no sea más del 49 % del capital invertido en una industria.
Las fuerzas opositoras al Gobierno cubano argumentan que una de las razones de la permanencia en el poder de Castro desde 1959 se debe a la combinación de un sistema de partido único —según el artículo 5 de la Constitución de 1976, el Partido Comunista de Cuba es definido la «fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado»—. Ellos también señalan la imposibilidad de promover organizaciones opositoras,[cita requerida] en referencia al artículo 62 de la Constitución vigente que establece:
Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible. El Gobierno cubano ha sido acusado de violar los derechos humanos en calidad de pena de muerte, represión a los ciudadanos y presos políticos.