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En septiembre de 2015 el ex militar Otto Pérez Molina dejó la presidencia de Guatemala, tras ser acusado de manejar una red denominada “La Línea”, dedicada al cobro de sobornos a empresarios para la evasión de impuestos en el sistema nacional de aduanas. Sin embargo, quedó sentenciado antes de abandonar la casa presidencial: la ciudadanía ya se había volcado masivamente en las plazas públicas para exigir su renuncia. La fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de la ONU, también jugaron un rol central. El hecho es sintomático y demuestra cómo la corrupción en América Latina puede devorarse a un presidente.
A quienes estudiamos estos temas, este y otros casos de corrupción ocurridos durante los últimos años nos han llevado a pensar en las claves para entender este fenómeno en la región. Lo que nos ocupa ahora es la percepción de que la indignación por los escándalos de corrupción se ha trasladado de los políticos a las instituciones. En Brasil, por ejemplo, el apoyo al sistema democrático ha disminuido sustantivamente en los últimos años,1 en parte debido a los escándalos de corrupción que se han producido en el país.
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