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Abc
1. ¿Cuáles son los cinco puntos que se van a negociar?
Con cinco puntos de contenido y uno de procedimiento, la agenda es reducida y focalizada. En La Habana no estarán en cuestión, como ocurrió en El Caguán, temas como el modelo de Estado o de economía.
A) Desarrollo agrario. El Gobierno llega con una ley de desarrollo rural -progresista y ambiciosa para la Colombia de hoy- y las FARC con el Programa Agrario de los Guerrilleros, que llama a expropiar los latifundios para repartirlos entre el campesinado pobre, programa tan viejo (1964) como actual en un país que no hizo reforma agraria y en el cual el despojo y la acumulación violenta de la tierra están en la base del conflicto armado. Las FARC fueron en sus orígenes una rebelión campesina y en las zonas rurales está su base social; por tanto consideran este tema decisivo.
B) Participación política. El proceso enfrenta un ambiente de opinión que es favorable a la paz pero hostil a la participación de las FARC en la política y a perdonar sus crímenes a cambio de su desmovilización. A esta contradicción se suman las dificultades jurídicas con las que habrá que lidiar. Mientras avanza la negociación, el país deberá definir cuáles delitos considerar conexos al delito político, qué hacer con los guerrilleros que tengan condenas (toda la cúpula de las FARC), cuya participación en política prohíbe la Constitución, y qué tratamiento dar a quienes hayan cometido graves violaciones del derecho internacional.
Una prueba ácida del proceso es la Marcha Patriótica, un movimiento de obvia raigambre en zonas de influencia histórica de las FARC y que aglutina a otros grupos de izquierda. Dado que este movimiento va a coexistir con la guerrilla armada mientras dure la negociación, las partes en la mesa tienen la responsabilidad de impedir que se repita la trágica experiencia de la Unión Patriótica: el Gobierno, protegiendo a sus integrantes de los ataques de la extrema derecha; las FARC, absteniéndose de usar la recién creada agrupación como parte de su tradicional estrategia de "combinar las formas de lucha".
C) Fin del conflicto. Es la primera vez que la guerrilla y el Estado se proponen el objetivo explícito de poner fin a la guerra, un acuerdo sin precedentes. En el camino está pactar asuntos tan espinosos como un cese de hostilidades "bilateral y definitivo", la dejación de armas y la reintegración de las FARC, la situación de los presos de esta guerrilla y las reformas institucionales necesarias.
Una de las críticas que se le hacen a la agenda es que habla de "dejación de armas", no de entrega de las mismas. La diferencia no es semántica: una cosa es rendir los fusiles para ser destruidos; otra, muy distinta, sería simplemente dejar de usarlos, sin entregarlos, lo cual haría fútil el acuerdo. Otro gran interrogante es la magnitud de las eventuales disidencias de las FARC que prefieran mantenerse activas y profundizar su vínculo con el tráfico de drogas, en lugar de desmovilizarse.
D) Drogas ilícitas. La agenda habla de "solución" a este problema, imposible de resolver sin un consenso internacional por ahora improbable. Sin embargo, es un hecho que de la negociación deben salir fórmulas alternativas para las cerca de 63.000 familias cocaleras, parte esencial de la base social de las FARC. Que estas renuncien a su profunda dependencia de las áreas de cultivo de coca y a su control de laboratorios y rutas de tránsito (nadie les cree ya que se limiten a un 'impuesto' al cultivo, según insisten sus voceros) es determinante, no solo para el fin del conflicto sino para que Estados Unidos, que les pidió en estos días cortar su relación con el narcotráfico, no se atraviesen en el proceso.
E) Víctimas. La inclusión de este tema es un gran avance, pero esconde una inmensa paradoja. Cuando se esperaba que las FARC reconocieran a sus víctimas y pidieran perdón a secuestrados, mutilados por explosivos o muertos y damnificados por tomas de pueblos, fue toda una sorpresa que sus voceros declararan a las FARC "las primeras víctimas" del conflicto armado. Lo que empezó como un movimiento campesino de autodefensa frente a un Estado avasallador y latifundista, se volvió una máquina de guerra que ha cometido todo tipo de atrocidades contra civiles inermes. Desde ya se anuncia que la gran polémica que Colombia enfrenta es la de definir el balance de verdad, justicia y reparación que haga posible, a la vez, una desmovilización exitosa de las Farc y el respeto de los derechos de las víctimas.
De ahí uno de los grandes interrogantes de la negociación: el Estado, por su voluntad u obligado por las cortes o la presión popular, ha venido aceptando su inmensa responsabilidad en el conflicto, pero ¿aceptarán las FARC que han sido perpetradoras de toda clase de violaciones al derecho internacional y que están en la obligación de pedir perdón, contar la verdad (por ejemplo, decir dónde están los secuestrados que nunca volvieron) y reparar a sus víctimas?