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Cruzando el río de la corrupción y de la apatía
de cómo en medio del juicio que se adelanta contra el exmagistrado Francisco Ricaurte por presuntos casos de corrupción, en el denominado cartel de la toga, por arte de magia y sin que siquiera las autoridades judiciales presentes en el juicio se pudieran explicar, apareció súbitamente el expresidente de la Corte Suprema, José Leonidas Bustos, quien desde la clandestinidad, rindió un testimonio, en el que desmiente todas las supuestas acusaciones que han estructurado el caso aquí referido, negando con cinismo una realidad inocultable que se encuentra sustentada por un sólido acerbo probatorio, que desde la prueba testimonial, pasando por los soportes documentales y forenses, han desenmascarado tal vez uno de los episodios más oscuros al interior de la rama judicial, un ardid criminal en el que se comprobó cómo la danza de billetes se convertía en la forma de pronunciamiento de la majestad judicial, unos jueces corruptos que lejos de la prueba judicial y de los criterios legales proferían sus fallos a cambio de dádivas; jugosas sumas de dinero en efectivo, vehículos BMW y relojes Cartier o Rolex, un verdadero exabrupto sin precedentes orquestado desde la mayor instancia judicial del país. Sin embargo, lo que resulta extravagante es que una persona que se encuentra en la clandestinidad, huyendo de la justicia colombiana, ahora aparezca como adalid de la moralidad y sin pudor alguno pretenda dar cátedra sobre lo divino y lo humano, justificándose en supuestos montajes e informaciones falsas en su contra.
Eso es uno de los componentes de la realidad colombiana, las situaciones inverosímiles que sin duda en otras latitudes harían colapsar por completo un país entero, estamos acostumbrados a ver cada día titulares más y más difíciles, sin embargo, nos habituamos a esa extraña y macabra realidad. Por ejemplo, la semana pasada salió a la luz pública un video en el que se aprecia a una menor de edad, quien sujeta a una cuerda hace un esfuerzo monumental contra las furiosas corrientes de un río para cruzarlo, la pequeña se debate entre la angustia de lograr pasar el cuerpo de agua sin ser arrastrada por la corriente, sin embargo, más allá de las desgarradoras imágenes, la realidad es que esa cuerda es el medio obligatorio para que una comunidad indígena logre acercarse al casco urbano del municipio de Pueblo Rico, Risaralda.
La noticia estuvo acompañada por un hecho que más allá de lo grave, nos vuelve a ubicar en el escenario de lo insólito y lo descabellado, pues la realidad que enfrentan los cerca de 2.000 indígenas de la comunidad embera chamí se debe a que, desde el mes de noviembre de 2020, el puente que cruzaba el río Agüita se desplomó por una creciente, y desde ese momento esta población quedó aislada del contexto municipal y por ello, deben forzosamente recurrir a este peligroso sistema, sin embargo, la administración municipal ante las apremiantes necesidades de la población afectada y la evidente urgencia manifiesta, curiosamente, en vez de haberse declarado una emergencia por la calamidad, para iniciar cuanto antes un proceso de contratación para construir un nuevo puente, el alcalde municipal suscribió un millonario convenio para la realización del Festival Triétnico, el cual tuvo una duración de tres días, es decir, una situación de extrema urgencia que requería el actuar inmediato de la administración terminó siendo opacada por unas festividades, festividades que en las condiciones pandémicas en las que actualmente se encuentra el país, se hacen absolutamente innecesarias.