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La próxima semana, el Gobierno le pondrá punto final a la llamada conversación nacional, un ejercicio inédito en la historia reciente del país que diseñó de urgencia el presidente Iván Duque para contener el estallido de la protesta social surgida a finales del año pasado. Con el cacerolazo espontáneo en varias ciudades y las violentas imágenes de Chile como telón de fondo, el mandatario quiso agarrar el toro por los cuernos. Durante cuatro meses promovió un diálogo con los líderes del paro y varios sectores de la vida nacional para discutir los grandes problemas del país. ¿Sirvieron esos diálogos? ¿Negociaron algo? ¿Qué problemas solucionaron? ¿Todo seguirá igual?
Ni el Gobierno ni los líderes del paro se han puesto de acuerdo para bautizar lo que intentan hacer: ¿Conversación o negociación?
El balance depende de la óptica del análisis. En la mirada de la Casa de Nariño, la conversación nacional funcionó porque, a su juicio, hay logros tangibles. El Gobierno aceleró la reforma al Icetex, una de las peticiones más recurrentes en las calles, y en abril estará listo el proyecto que traerá alivios económicos para unos 120.000 estudiantes. Expidió un decreto para facilitar la contratación de recién egresados en el sector público sin necesidad de tener experiencia. Surgirán 60.000 nuevos empleos para los jóvenes gracias a un incentivo en la Ley de Crecimiento Económico. Aseguró un billón de pesos cada año para más vías rurales. Firmó el Acuerdo de Escazú para proteger a los líderes ambientales. Creó un programa para apoyar a 500.000 microempresarios y Duque anunció que instaurará un “bloque de búsqueda contra los corruptos”.
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