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Es el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de políticas de justicia, quien tiene a su cargo el diseño y formulación de propuestas para la coordinación de funciones y actividades de entidades y dependencias de la rama ejecutiva como integrante del sistema judicial.
Explicación:
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Tristemente nuestro país se ha convertido en una cuna de monaguillos empíricos cuyo discurso ha sido el de confundir a toda costa a la audiencia con un par de párrafos o leyes aprendidas en cualquier esquina de la interpretación visceral de la extensa normatividad impuesta por quienes fungen dependiendo de la necesidad particular de su entorno o intereses.
Basta encender el televisor para darnos cuenta cómo ilustres radicales en menos de media hora se cambian de partidos políticos para aspirar a un ministerio; basta ver cómo se rifan entre ex candidatos y sus ex fórmulas vicepresidenciales los ministerios que catapultan las futuras elecciones; y por qué no, basta comprobar, cómo de coctel en coctel se cambian los discursos de algunos representantes, con tal de no ausentarse del beneficioso negocio del poder desbordado.
Esta situación no se vive sólo en lo político, al fin y al cabo nos criaron con la frase del dinamismo conceptual de las posiciones, justificando la “lagartería” para acceder a puestos de reconocimiento y poder. En lo legal, Colombia se ha convertido en el “sexto mejor alcalde del planeta” para tener la capacidad de superarse todos los días por los alcances de las maniobras disfrazadas de legalidad que resultan siendo grandes escándalos de corrupción, cada vez más complejos de probar.
Una justicia que en derecho ya tiene a un homicida inculpado como en el caso de Natalia Ponce, no puede prestarse para “legalmente” desamparar a la sociedad y a Natalia misma, aduciendo maniobras jurídicas para declarar loco a alguien que está actuando mal; una “legalidad” que actúa en derecho, no puede marginar de la culpa a alguien de su condena simplemente porque aprovechó su gordura y su bipolaridad para irse a descansar a su casa en la costa, la cual seguramente pagamos todos los bogotanos con los desfalcos millonarios de los inquietos hermanos Nule; un cumplimiento en derecho no puede acomodarse para que las normas establecidas de una sociedad, una comunidad o una empresa, se aprovechen con “argumentos legales” para combatir la legalidad de quienes actúan de buena fe.