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Las explotaciones mineras ilegales no son nuevas ni en Venezuela ni en Latinoamérica. Junto a la desigualdad económica, la abundancia de recursos naturales obliga a muchos a emprender este camino para cubrir sus necesidades. Un fenómeno especialmente extendido en Venezuela donde, ante los precios mínimos del petróleo, las grandes reservas de oro se han convertido en una opción tanto para los venezolanos que salen de las ciudades en busca de fortuna, como para gente de otros países en busca del beneficio rápido.
Uno de los casos más conocidos es la mina de Las Cristinas, explotación aurífera explorada y estudiada por empresas canadienses que, posteriormente, perdieron la concesión por desacuerdos con el Gobierno de Chávez. Al final, la mina quedó desierta abriendo un espacio “libre” ocupado por mineros ilegales ante la mirada del Estado. “Lo extraordinario es que no hablamos de una mina clandestina, sino una explotación estatal cercada por un perímetro y custodiada por las fuerzas armadas”, aclara el periodista venezolano Jorge Benezra. Un espacio donde, según él, pueden estar trabajando entre 25.000 y 30.000 personas aprovechando el vacío dejado por las autoridades sin generar ningún ingreso para las arcas del Estado