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No debemos permitir que la Constitución de la CDMX implique la balcanización de la ciudad, dispersión de responsabilidades en burocracias politizadas y en cacicazgos, o una inútil retórica de corrección política y de derechos sociales autocomplacientes e incumplibles. No debemos permitir que eluda demandas reales de los ciudadanos. Nadie pidió una Constitución, sólo los políticos al vislumbrar en ella una posibilidad de trascendencia fácil, de consolidar sus posiciones e intereses, y de evadir difíciles y riesgosas responsabilidades de decisión y gestión para con la ciudad. Un engendro así, habría que rechazarlo.
Sin embargo, existe la oportunidad de aprovechar la Constitución de la CDMX como ejercicio de visualización colectiva y de debate sobre el futuro de la ciudad, de re-diseño y re-ingeniería institucional frente a los desafíos del siglo XXI. Éstos son numerosos y decisivos, y exigen sacarla de la inercia de corrupción, impunidad e improductividad en que ha sido inmersa, a través de una nueva visión de futuro, cirugías mayores, nuevos conceptos e instituciones, y de conjurar y confrontar a fantasmas, lastres y poderes fácticos muy reales que la corroen y acechan. Son los desafíos de una nueva pirámide demográfica sesgada cada vez más hacia los viejos, pero con aún millones de jóvenes que exigen educación de calidad y empleo satisfactorio; del cambio climático; de distorsiones extremas en el manejo hídrico y territorial y en los patrones de movilidad; de un clamor de civilidad y legalidad, por una impartición de justicia eficaz y expedita, y por erradicar la corrupción como perverso mecanismo hoy consustancial a la gobernanza de la ciudad. También, la urgencia de finanzas públicas sanas y robustas para invertir en bienes públicos e infraestructura y equipamientos estratégicos que la ciudad demanda. Sin olvidar el reto de una coordinación cada vez más estrecha entre jurisdicciones metropolitanas; de una gestión integrada y coherente de los procesos urbanos; de re-estructurar la ciudad hacia un modelo más incluyente, denso y compacto; de revitalizar el espacio público; y de asegurar una buena calidad de vida y oportunidades de convivencia productiva para todos.
Evidentemente, la agenda constitucional para la CDMX es vasta, y siempre gravitará el dilema entre un texto comprensivo y desarrollado, y otro esbelto y elemental. Aunque idealmente la segunda opción sería en principio más pertinente (al estilo de la Constitución de los Estados Unidos), en este caso, es vital establecer un marco de coherencia y viabilidad para la ciudad, con principios, definiciones y bases de política indispensables en un conjunto importante de aspectos. Sin las bases y referencias constitucionales correspondientes, sería casi imposible mantener a la ciudad al margen de esclerosis, cacofonías, contradicciones y conflictos de interés en leyes y reglamentaciones secundarias que pondrían en alto riesgo su funcionalidad y futuro.
Claramente, la Constitución debe fijar principios institucionales y normativos en materia de derechos civiles, pero también de obligaciones cívicas; distribución de competencias entre la administración central, el congreso local y las alcaldías; combate y erradicación de la corrupción; sistema de impartición de justicia; lucha contra la impunidad y por el imperio de la ley; regulación y rescate del espacio público, y normatividad de manifestaciones y prohibición de bloqueos deliberados que afecten los derechos de libre tránsito y a la salud de los ciudadanos; organización institucional y escenario deseado para el transporte; sistema de aguas y sustentabilidad hidrológica de la ciudad; visión y orientaciones para el Programa General de Desarrollo Urbano y regulación de usos del suelo; nuevas instituciones de desarrollo urbano; zonas de conservación; Centro Histórico; desarrollo económico; educación; cultura; y atención a desastres y vulnerabilidades naturales.
Si no es así, la Constitución de la CDMX será inútil, nos mantendría atrapados y habría que rechazarla.