¿Cuáles son los motivos o causas que conllevan a las personas a identificar o relacionar el ejercicio de la política con corrupción, burocracia, manipulación de la opinión pública, y malos manejos administrativos, entre otros?
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Sin duda la corrupción no es un problema nuevo, sin embargo los actos de corrupción que evidenciamos hoy son mucho más complejos que antes pues involucran una amplia variedad de actores, se realizan de manera ágil mediante técnicas difíciles de prevenir y rastrear, y generan impactos mucho más amplios sobre la sociedad, la democracia, los derechos humanos y la economía. Transparencia Internacional ha denominado estas situaciones como “gran corrupción”, entendidas como el abuso del poder de alto nivel que beneficia a unos pocos a costa de muchos, causa daños muy serios y extendidos sobre la toda la sociedad y los individuos, y que usualmente queda en la impunidad[1]. La gran corrupción es un crimen que viola derechos humanos y por lo tanto merece un castigo de las mismas proporciones del daño que genera. Varios de los casos de corrupción que ha conocido el país entran dentro de esta descripción[2]: afectaciones al programa de alimentación escolar, el cartel de la hemofilia, el desvío de recursos del sistema de salud, la alteración ilegal de registros de tierras, el saqueo de recursos para sistemas de acueducto y saneamiento básico, la manipulación de procesos judiciales contra parapolíticos, entre muchos otros.
Estas situaciones persisten a pesar que nuestro país cuenta hoy con mejores condiciones para enfrentarla: un mayor debate sobre los abusos de poder y sus responsables; unos medios de comunicación activos en su investigación y denuncia; una mayor demanda ciudadana a las autoridades para obtener mayores resultados en la investigación y sanción; nuevas normas e instituciones de lucha contra la corrupción que, sin ser aun perfectas, generan nuevas reglas del juego para la prevención y la sanción de actos de corrupción y que incluye, por ejemplo, un marco normativo más favorable al derecho de acceso a la información pública, procesos judiciales que favorecen la delación de crímenes contra la administración pública, órganos de control con mayor voluntad política para atacarla, la penalización de delitos sobre financiamiento de campañas, entre otros aspectos. ¿Qué sigue funcionando mal? Desde una lectura más amplia, para Transparencia por Colombia la mayor preocupación radica en que el país aun requiere cambios de fondo.
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