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El decreto 900 o ley de reforma agraria en Guatemala fue una de las metas principales del gobierno del coronel Jacobo Árbenz Guzmán (1951-1954), con la que pretendía evitar que hubiera una relación de latifundio-minifundio, la cual se había hecho común en Guatemala a partir de la promulgación del Decreto 170 —o Ley de Redención de Censos— por el gobierno del general Justo Rufino Barrios en 1877, y las concesiones que este y los gobiernos liberales que le siguieron hicieron a ciudadanos alemanes y a la compañía estadounidense United Fruit Company.
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