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La libertad de expresión es un derecho de carácter institucional porque supone un pilar de la democracia: es el derecho a que ningún Gobierno ni poder criminalice a sus ciudadanos por las expresiones manifestadas.
Tratar de censurar las ideas contrarias a las nuestras, por muy repugnantes que aquellas sean, no contribuye a la construcción de una democracia mejor, sino que la reduce mucho más
Sin duda alguna, el Estado debe intervenir ante situaciones discriminatorias y debe implementar, para ello, políticas de discriminación positiva, programas amplios de prevención de la desigualdad y, tratar en la medida de lo posible, de castigar las acciones que promuevan la violencia, el odio y la segregación de los colectivos más vulnerables. No se trata tanto de poner límites a la libertad de expresión o de suprimirla, como de tratar de reforzar la democracia.
Es por tanto, la garantía de que la ciudadanía ejerce un contrapeso a los poderes establecidos. Se define, por tanto, como libertad frente a represión.
Sin embargo, ya sabemos que este derecho, en su origen, podría propugnar un indeseable individualismo, una libertad individual de obrar, que podría provocar situaciones de desigualdad ante un Estado neutral que respetaría la libertad de cada uno a decir y expresar lo que quiera, sin reparar en el tremendo daño que podría acarrear en colectivos oprimidos: las mujeres, los colectivos LGTBI, grupos étnicos minoritarios….