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Los procesos constituyentes venezolanos de 1999 y 2017 fueron propuestos por las fuerzas políticas bolivarianas como mecanismos de refundación que posibilitarían la ampliación de la democracia y la justicia social. El del 2017, en particular, ya instalado el horizonte socialista en el discurso bolivariano desde el año 2005, fue presentado además como una posibilidad para ampliar el poder popular (comunero) y “lograr la paz”, en medio de un escenario de intensa violencia política.
En los 17 años que separan uno y otro proceso constituyente, las fuerzas políticas bolivarianas enunciaron un discurso de transición democrática al socialismo para Venezuela (2005), recibiendo importantes respaldos electorales1; hubo grandes logros en materia de inclusión social y derechos sociales, en la ampliación de los derechos políticos de la población, a través de mecanismos de participación directa y/o deliberativa y; se consolidó una política exterior autónoma frente a la agenda de los Estados Unidos, favoreciendo alianzas entre los pueblos y Estados del Sur Global. Esos logros, sin embargo, no se asentaron en la transformación de la matriz productiva, como condición de posibilidad para su consolidación y continuidad. No se disminuyó la dependencia de la renta petrolera, ni se avanzó en una democratización socialista del aparato productivo y financiero.