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SOCIEDAD Y CALIDAD DE VIDA
El norte de toda política social debe ser atender las necesidades y mejorar las condiciones de vida de l@s ciudadan@s. El desarrollo económico tiene que darse de la mano de un desarrollo social que promueva la distribución más justa de la riqueza y los beneficios asociados al crecimiento económico. La única forma de lograr el progreso de tod@s es ampliando el acceso, los medios y nivelando las oportunidades para que l@s ciudadan@s participen plenamente en el ámbito económico, social, político y cultural de su país y así disfrutar tod@s de calidad de vida.
En Puerto Rico, sin embargo, los indicadores económicos y los indicadores de bienestar social reflejan un progresivo deterioro, lo que se manifiesta a través complejos problemas sociales.
Aunque contamos con decenas de agencias y programas de servicios esparcidos por el país para atender esos problemas y un multimillonario presupuesto, las estrategias ensayadas hasta el presente no han redundado en cambios efectivos para l@s divers@s actor@s sociales ni han resultado en adelantos en materia de derechos humanos/ciudadanos. Por el contrario, aumenta cada vez más la violencia, la adicción a drogas, el maltrato hacia los más débiles, la falta de acceso a vivienda y transportación, la dependencia económica y falta de responsabilidad individual, entre otros. Con frecuencia alarmante, se registran crímenes que antes eran eventos aislados, creando un clima de inseguridad insostenible. Puerto Rico está lejos de haber alcanzado el progreso que alegadamente traería el proyecto modernizador del país. Al contrario, lo que impera es la conflictividad en las relaciones personales y sociales que refuerzan conductas ciudadanas desarraigadas e individualistas, que se anteponen al bien común y malogran el logro de mayores reivindicaciones sociales.
Es imperativo revisar las políticas sociales de intervención y provisión de servicios para que los programas y estrategias gubernamentales atiendan de forma integral, racional, y transdisciplinaria los retos sociales.
Si revisamos la Política Pública promulgada surgen tres grandes desfases que debemos sobrepasar para transformar la compleja realidad social de nuestro país:
Existe una resistencia por los integrantes del Gobierno de evaluar la política social promulgada en términos de su alcance y efectividad. Insisten en las mismas estrategias de acercamiento a los problemas, aun cuando han demostrado ser inefectivas, y se niegan a realizar los cambios y ajustes necesarios.
La dispersión, fragmentación y falta de rigurosidad en la recopilación de datos y en los esfuerzos gubernamentales. Se hace necesario estructurar una base de datos integrada que permita a los órganos gubernamentales trazar políticas públicas costo-efectivas, coordinadas entre sí, atemperadas a nuestra realidad, de fácil monitoreo y con resultados medibles.